A diez días de la celebración de las elecciones fijadas para el 23 de julio próximo, las siete asociaciones de jueces y fiscales reclaman «con urgencia» que el Gobierno cumpla con el acuerdo retributivo que ambas partes suscribieron dos meses atrás, el 23 de mayo, y que lo haga antes de que tengan lugar los comicios.
«En el marco legal previsto en la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, el pasado mes de mayo se alcanzó un acuerdo en materia de retribuciones entre el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría de Estado de Justicia y las asociaciones judiciales y fiscales Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesionales e Independiente de Fiscales», recuerdan.
Y subrayan: «dicho acuerdo obligaba a que el Consejo de Ministros aprobara su contenido, lo que no ha ocurrido hasta la fecha».
AVISAN
Las seis asociaciones advierten que, de no hacerlo, la salida que el Gobierno les deja sería la de interponer una demanda ante los tribunales, por una parte, y a adoptar medidas de movilización, por otra.
«Lo contrario obligará a los firmantes no sólo a exigir ante los tribunales el cumplimiento de un acuerdo claramente vinculante, sino a adoptar las medidas de presión que sean necesarias para asegurar que se atienden los compromisos alcanzados para la mejora tanto de las condiciones profesionales de judicatura y fiscalía como de la administración de justicia», afirman las seis asociaciones.
El acuerdo firmado por ambas partes, recuerdan, obligaba «a que el Consejo de Ministros aprobara su contenido, lo que no ha ocurrido hasta la fecha».
«El adelanto electoral, que ha acortado la duración de la legislatura, a nuestro juicio obliga a que el Gobierno de la Nación atienda ese compromiso y lo haga con urgencia, para que sus previsiones tengan efectividad en las fechas pactadas», subrayan.
Del comunicado está excluido la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria, porque se negó a firmarlo.
