Dos años de cárcel y 5 de inhabilitación a una policía nacional por quedarse dinero incautado y reponerlo con billetes falsos
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de cárcel y cinco de inhabilitación a una policía nacional de la Comisaría de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, por un delito de malversación. Se quedó dinero incautado en una operación y lo repuso con billetes falsos.
La reciente sentencia 545/2023 de 5 de julio adelantada por el periódico tinerfeño Eldía.es y consultada por Confilegal ha sido dictada por los magistrados de la Sala de lo Penal Julián Sánchez Melgar, Antonio del Moral García, Carmen Lamela Díaz, Leopoldo Puente Segura (ponente) y Javier Hernández García.
El juicio fue con jurado y la condenada puso en duda su decisión. Además, también manifestó que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia porque esa falsificación de billetes era un juego para su hija y que no se le podía aplicar el delito de malversación porque no custodiaba el dinero. Pero todo fue desestimado.
Billetes falsos de 200 y 500 euros
El caso se enjuició en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Se consideró probado que la policía nacional, tras conocer que se había intervenido un total de 66.725 euros en una operación de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana decidió entrar esa misma noche en una página web murciana donde se enseñaban billetes reales de 200 y 500.
Su objetivo era observar sus caracteres técnicos, medidas de seguridad y número de serie para reproducirlos y sustituirlos por algunos de los que habían incautado.
Utilizó una impresora de tinta para elaborar cuatro billetes de 500 euros y dos billetes de 200, pero a simple vista se veían que eran falsos.
Días después entró a la zona en la que se encontraba guardado el dinero y cogió tres billetes de 500 euros y dos de 200. Para que no la pillaran, los repuso con los falsos, por lo que se benefició de 1.900 euros.
Por ello, fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de malversación a dos años de prisión, cinco de inhabilitación, 3.600 euros de multa y a indemnizar al Ministerio del Interior con 1.900 euros.
La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, sin suerte, por lo que acudió al Tribunal Supremo.
Alegatos ante el Tribunal Supremo
En cuanto al primer alegato, la agente condenada reprochó la ausencia de motivación del veredicto otorgado por el jurado, por lo que consideró que ello habría vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.
Los magistrados apuntaron que el jurado llegó al convencimiento de los hechos por su propia declaración, la testifical de diversos miembros del Cuerpo Nacional de Policía, el registro de sus coche, en el que encontraron la tablet con la que había accedido a la página web murciana para estudiar los billetes y en la que aparecieron búsquedas masivas sobre “cómo borrar huellas digitales en papel”.
Asimismo, se encontraron mensajes en su teléfono móvil que envió a su pareja que decían: “estoy borrando todos los chats por si acaso”. Todo esto llevó al Tribunal del Jurado considerar por unanimidad que era culpable.
Por otro lado, también relató que se había vulnerado su presunción de inocencia. Relató que conoció que se habían introducido billetes falsos en el sobre y “ante la duda de haberlos podido tocar, por mera inquietud, procedió a interesarse en diferentes páginas web acerca de las probabilidades de que sus huellas hubieran podido quedar impresas en aquellos”.
Reseteó la tablet porque «se le bloqueaba constantemente»
Añadió que reseteó la tablet porque “se le bloqueaba constantemente” y que se había conectado a páginas donde describían las condiciones de seguridad de billetes de 500 y 200 era porque quería construir un juego para su hija como una “especie de mercadillo”.
Pero los magistrados de la Sala de lo Penal fueron claros, había pruebas suficientes para condenarla.
Por último, también alegó infracción de ley en el delito de malversación. Manifestó que no tuvo competencia alguna específica como funcionario público sobre el dinero intervenido “y menos aún un deber especial de conservación o de custodia en condiciones determinadas”.
Argumento que tampoco convenció a los magistrados. Calificaron de “evidente” su condición de funcionaria ya que la custodia del dinero incautado le correspondía como miembro del grupo III de estupefacientes de la comisaría local de San Cristóbal de la Laguna al poder acceder libremente a las dependencias y a la caja fuerte.
