El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Los Llanos de Aridane ha archivado la querella interpuesta por la Asociación Tierra Bonita por la presunta gestión delictiva de la emergencia de la erupción volcánica en La Palma.
No obstante, el colectivo, a través del despacho Martínez & Echeverría, presentará ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife un recurso de apelación.
Los querellantes argumentan que al no evacuarse a la población antes de que comenzara la erupción en Cumbre Vieja, «pese a los clarísimos indicios de que era inminente», se les expuso a «un riesgo para su vida, con la pérdida de enseres y objetos personales y la muerte de animales, todo lo cual se podía haber evitado con un desalojo preventivo».
El abogado del bufete José Antonio Tuero expresa su «discrepancia» con los argumentos del juzgado llanense e insiste en que «hay pruebas sólidas de que ha habido una negligente actuación por parte de las autoridades que no tomaron las medidas que debían» y entiende que «sí que concurre delito».
Tuero expone en una nota que antes de la erupción «se produjo una inactividad, no se tomaron decisiones, pese a que la autoridades tenían información de centros científicos, de diferentes organismos, que, con mucha antelación, hacían referencia a que iba haber una erupción volcánica».
El juzgado ha desestimado la querella por razones tales como que no hay perjudicados personados en la causa y que los indicios aportados no son consistentes, «decisión que llama la atención porque numerosos damnificados han presentado denuncias en el mismo juzgado con su testimonio concreto de los riesgos que corrieron al no haber sido evacuados con antelación y toparse con una peligrosa erupción volcánica a las puertas de sus hogares», señalan desde la asociación.
La Asociación Tierra Bonita insiste en que desea continuar adelante con su iniciativa para que se diriman las presuntas responsabilidades penales por unos hechos que, reitera, «revisten suficiente gravedad para que se investiguen».
ACTITUD «NEGLIGENTE Y TEMERARIA»
En su opinión, «esta supuesta omisión del deber de velar por la seguridad y salud de los habitantes y de los animales, con un claro abandono colectivo», evidencia una «negligente, temeraria, imprudente y delictiva» actuación de las autoridades que derivó en un «grave perjuicio», no solo con la pérdida de bienes sino también en la salud y en el bienestar emocional y psicológico de los ciudadanos.
De hecho, la querella recopila afirmaciones de científicos miembros del Pevolca y de instituciones científicas integradas en este operativo de emergencias, que, en declaraciones públicas tras la erupción, han dejado claro que era «inminente».
Asimismo, la asociación indica que la negativa del Gobierno canario a dar a conocer a los afectados las grabaciones y las actas de los comités científico y director del Pevolca, así como las «contradicciones y cambios de versión» en que han incurrido algunos de estos expertos en intervenciones públicas tras la erupción, obedece al «intento de ocultar que se produjo esta presunta negligencia».
Para Tierra Bonita, insisten, «constituye un deber ético poner estos hechos en manos de la justicia y agotar todas las vías posibles para que se abra una investigación en la que todos los presuntos responsables de la gestión de la emergencia y el asesoramiento científico den las oportunas explicaciones a tantas contradicciones».
No en vano, subrayan que «si no hay que lamentar muertes es solo por el puro azar de la naturaleza y no por el buen funcionamiento del plan de emergencias».
