La Fiscalía Anticorrupción celebrará el martes una junta para resolver las diferencias de criterio entre el jefe de la casa, Alejandro Luzón, y Carmen García Cerdá, una de las fiscales de la macrocausa ‘Púnica’, sobre los pasos a seguir en una investigación que permanece secreta.
El cónclave debía haber tenido lugar esta semana pero se aplazó por cuestiones de agenda, concretamente porque algunos de los fiscales llamados a asistir seguían de vacaciones.
El choque se debe a que García Cerdá pretende practicar una serie de diligencias en el marco de dichas pesquisas, pero Luzón no las ve necesarias, según las fuentes fiscales consultadas por Europa Press.
La fiscal invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), según el cual cuando un fiscal «recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente», se lo trasladará a su superior y, en caso de persistir la discrepancia, éste podrá convocar junta.
Las fuentes fiscales consultadas señalan que la junta, que se celebra a puerta cerrada, tiene carácter consultivo, de modo que, una vez escuchada, Luzón podrá ratificarse en su decisión o corregirla.
De confirmarla, deberá hacerlo por escrito, «con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro fiscal el despacho del asunto a que se refiera». Otra posibilidad es que la propia García Cerdá decida apartarse de las pesquisas.
Asimismo, las fuentes subrayan que se trata de un mecanismo excepcional, por cuanto resulta inusual que los fiscales recurran al mismo. No obstante, cabe recordar que no es la primera vez que esta fiscal difiere de Luzón.
En ‘Púnica’ han sido sonadas las diferencias entre el jefe de Anticorrupción y las fiscales de la causa, tanto García Cerdá como Teresa Gálvez.
De hecho, éstas optaron por no firmar el informe de la pieza número 9 -sobre la presunta ‘caja b’ del PP de Madrid-, en el que se proponía librar a los ex presidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González, como finalmente hizo el juez instructor. Solo se entregó con la firma del fiscal Alejandro Cabaleiro.
No es la primera vez que un fiscal apela al 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En 2017 el fiscal del caso de la Operación Lezo planteó la misma solución una vez que el entonces fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, ordenó que no se realizara uno de los registros previstos.
