Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada independiente integrada en la delegación Ciudadanos Europeos, dentro del grupo Renovar Europa, ha enviado una carta al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, instando a la Unión Europea a tomar alguna decisión ante una «operación de impunidad de esta envergadura», llevada a cabo por un gobierno en funciones y preguntando si va a actuar la Comisión Europea a actuar contra la voluntad expresada por el presidente Pedro Sánchez de utilizar a su antojo el poder judicial.
En su misiva, fechada el pasado 21 de septiembre, Pagazaurtundúa relata a Reynders que Sánchez «está capitaneando una grave operación populista en contra del estado de derecho».
«El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha revelado que el PSOE se comprometió el pasado agosto, cuando pactó con ERC la composición de la Mesa del Congreso, a sacar adelante una amnistía para los encausados del procés independentista catalán. ‘En aquel momento se acordó que había que poner fin a toda forma de represión con todas las medidas legales necesarias, y entre ellas se incluye la amnistía. Si el acuerdo existente en este momento ya incluye la amnistía, el acuerdo final [sobre la investidura de Pedro Sánchez] también deberá incluirla’, ha dicho Junqueras», relata Pagazaurtundúa.
«La idea de una amnistía a los líderes del golpe fallido del 1 de octubre de 2017, es una legalización encubierta de actos contra el Estado. La Asociación de Fiscales ha indicado en un comunicado que ‘la politización de la justicia es herramienta al servicio de quienes no creen en la separación de poderes ni en el respeto a las instituciones, desdeñan funciones que estas desarrollan en el mantenimiento del Estado de derecho por cuanto se oponen a sus intereses y que contravienen el ordenamiento jurídico en forma de delito y fraude de ley'», destaca.
PEDRO SÁNCHEZ NO LO HA NEGADO
«Lejos de negarlo, el presidente Sánchez ha asegurado que todo lo que ocurrió en 2017 en Cataluña –delitos juzgados/condenados por malversación, rebelión, secesión– fue en realidad ‘una crisis política que nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización'», continúa.
Las palabras de Sánchez, según la eurodiputada, suponen la expresión de la voluntad de invertir las bases del Estado de derecho democrático.
«Si los delitos son perseguidos a voluntad de un Gobierno, el Estado de derecho democrático desaparece. Comisario, todos sabemos que la persecución de delitos no puede ser optativo», subraya. Para pasar luego al tema de la amnistía, que supone, Pagazaurtundúa, «una enmienda al Estado democrático de derecho, a los
tribunales y al modelo constitucional. Pretende atacar a la función jurisdiccional y al principio de igualdad y legalidad. La realización de la voluntad que expresa el Presidente Sánchez -en funciones- supone ya una catástrofe para todos los europeos».
Una operación que, a su entender, responde a las peticiones, entre otros, del fugado Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña que permanece prófugo de la justicia desde finales de octubre de 2017, y cuya entrega reclama el Tribunal Supremo desde entonces para juzgarlo.
«Puigdemont ha comunicado sus ‘condiciones previas’ para investir a Sánchez Presidente, que son, entre otras: que se produzca un ‘abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo’ -esto es que la justicia deje de ser justicia porque el independentismo no se persigue, solo los delitos», recuerda la eurodiputada.
Para la política, el Gobierno y sus aliados de la izquierda populista han generado una retórica deslegitimadora de la justicia y de los jueces, «acompañada del conocido sistema de intervención política en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargos judiciales y la autonomía de la Fiscalía y de asfixia de los nombramientos de altas magistraturas».
Pagazarutundúa también se refiere a los indultos aplicados –sin el arrepentimiento legalmente pertinente– a políticos de los delitos relativos al «procés, la derogación del delito de sedición y la modificación del delito de sedición y la modificación del delito de malversación, que ha favorecido de facto la cartera de delitos que acumulaba Puigdemont.
La eurodiputada termina haciendo tres preguntas a Reynders:
Primera: «En la Unión Europea, ¿es admisible que un gobernante exprese públicamente que la persecución de delitos depende de su propio interés político?».
Segunda: «¿Va a actuar la Comisión contra la voluntad ya expresada por Sánchez de utilizar a su antojo el poder judicial?».
Y tercera: «¿Puede permanecer indiferente ante una operación de impunidad de esta envergadura de un gobierno en funciones, con estos antecedentes, que depende de los votos explícitos de dicha operación?».
