HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.v4
El Tribunal Supremo ha declarado, en la reciente sentencia que la Administración tributaria no puede llevar a cabo el examen de la documentación contenida en un dispositivo electrónico, en este caso un ordenador personal, fuera de determinados casos y bajo estricto control judicial.

El TS establece que Hacienda no puede acceder a dispositivos electrónicos en una inspección si vulnera derechos fundamentales

11 / 10 / 2023 12:35

Actualizado el 11 / 10 / 2023 12:39

En esta noticia se habla de:

El Tribunal Supremo ha declarado, en la reciente sentencia 1207/2023 de 29 de septiembre de 2023, que la Administración tributaria no puede llevar a cabo el examen de la documentación contenida en un dispositivo electrónico, en este caso un ordenador personal, fuera de determinados casos y bajo estricto control judicial.

Ha sido dictada por los magistrados José Antonio Montero Fernández, Francisco José Navarro Sanchís, Rafael Toledano Cantero, Dimitry Berberoff Ayuda y Esperanza Córdoba Castroverde.

Al respecto, anula una sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Región de Murcia y el auto de autorización de entrada por el juzgado de esa capital.

En ella se permitía el acceso al ordenador del recurrente sobre la base del régimen previsto para la autorización de entrada en domicilio, suponiendo que un ordenador es un lugar equiparable a éste.

La sentencia establece que las reglas de competencia y procedimiento que la ley procesal establece para la autorización judicial de entrada en domicilio constitucionalmente protegido para realizar actuaciones de comprobación tributarias, son, en principio inidóneas para autorizar el copiado, precinto, captación, posesión o utilización de los datos contenidos en un ordenador, cuando esa actividad se produce fuera del domicilio del comprobado y puede afectar al contenido esencial de otros derechos fundamentales distintos.

Pero «al margen de esa inidoneidad, y aun aceptando que las mencionadas reglas sirvieran para tal fin, sería preciso seguir, a la hora de evaluar la procedencia de la autorización, la doctrina sentada por la propia Sección Segunda de la Sala Tercera del TS sobre las exigencias de la autorización de acceso a domicilios constitucionalmente protegidos por el art. 18.2 CE -principios de necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida-«.

Para los magistrados, «tales exigencias son extensibles a aquellas actuaciones administrativas que, sin entrañar acceso a domicilio constitucionalmente protegido, tengan por objeto el conocimiento, control y tratamiento de la información almacenada en dispositivos electrónicos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, memorias, etc.) que pueda resultar protegida por los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar; al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos, tal como sucedía en este caso».

Esas exigencias deben ser objeto de un juicio ponderativo por parte del juez de la autorización, y no pueden basarse, de modo exclusivo y acrítico, en el relato que realice la Administración en la solicitud que dirija a la autoridad judicial, sin someter tal información a un mínimo contraste y verificación. En todo caso, el respeto a los derechos fundamentales (con máximo nivel de protección constitucional) prima sobre el ejercicio de potestades administrativas, máxime ante la falta de una regulación legal completa, directa y detallada.

Además, no hay entre las actuaciones administrativas y judiciales el más mínimo rastro de la escasa colaboración con la inspección que se imputa al comprobado, que no se especifica, al margen de ese reproche genérico, ni se indica en qué habría consistido, pues no se precisa con detalle qué concreta información, documento o dato necesario a efectos tributarios le fue requerida al interesado y no fue atendida o se hizo tardía o incompletamente; y tampoco hay vestigio alguno de que fuera éste sancionado por tal motivo (art. 203 LGT). 

Del mismo modo, ni el auto ni la sentencia que se anulan por el Tribunal Supremo razonan, con una argumentación específica, que solo fuera posible el conocimiento de la información de relevancia fiscal necesaria para culminar la labor inspectora mediante la intervención en la totalidad de los archivos almacenados en el ordenador, incluidos los personales o el correo electrónico.

Esto es, que no pudieran ser obtenidos los pertinentes datos por otro medio menos invasivo como, por ejemplo, requiriendo al interesado para su aportación, de lo que no hay constancia se hiciera ni que, haciéndose, tuviera un resultado infructuoso.

Noticias relacionadas:

El Supremo pone bajo examen la seguridad del DNI digital a doce días de las elecciones generales

El INE cifra en 113.326 los nacionalizados por la «ley de nietos» que no podrán votar el 29-N

Se llevó a su hija a Teruel sin permiso del padre y el Supremo avala el traslado: «No fue caprichoso»

Las bajas por ansiedad se disparan: la batalla legal para demostrar cuándo el trabajo es el responsable

Seis meses de prisión por utilizar una tarjeta ajena para pagar 31 euros de consumiciones en un bar

Iustitia Europa recurre al TS la aplicación de la «ley de Nietos» ante el riesgo de que decidan escaños el 29-N

Lo último en Tribunales

julio iglesias

El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, admite a trámite la querella contra Julio Iglesias de sus dos exempleadas

DNI digital

El Supremo pone bajo examen la seguridad del DNI digital a doce días de las elecciones generales

Beatriz Biedma

Pedraz rechaza el recurso del exjuez Sáenz de Tejada y mantiene la declaración de la mujer que habló de «eliminar» a Biedma

zapatero

Zapatero recurre a un experto en diamantes y una profesora de Gemología para discutir el valor de las joyas del ‘caso Plus Ultra’

El exdirector de Adif, Ignacio Zaldívar García, a su llegada a la Audiencia Nacional jéssica ábalos

Un excargo de Adif admite que Pardo de Vera le llamó por las quejas de Ábalos sobre el trato a Jéssica