La víctima es María Amparo Martínez Marián, abogada del turno de oficio de Madrid y presidenta de la asociación Defenda.
A juicio el justiciable denunciado por una letrada del turno de oficio por amenazas y coacciones
Será juzgado por un delito leve
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18/10/2023 06:31
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Actualizado: 18/10/2023 07:47
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El Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz (Madrid) juzgará hoy a un justiciable denunciado por una letrada del turno de oficio por amenazas y coacciones.
Finalmente, será juzgado por un delito leve.
La víctima es la letrada María Amparo Martínez Marián, abogada del turno de oficio de Madrid y presidenta de la Asociación Defenda, quien ha sufrido “un calvario” de más de dos años con este cliente, desde que le fue designado en abril de 2020.
Por estos hechos, tuvo que ser asistida de urgencias por la crisis de ansiedad sufrida tras recibir “uno de los muchos, incesantes, periódicos, agresivos y exigentes correos electrónicos que durante más de dos años” recibió de este justiciable designado de oficio.
Según informa a Confilegal, el correo detonante fue uno en el que la amenazaba en los siguientes términos: “Ahora bien la prevengo y le advierto que, como la pille en un renuncio, sea el que sea, o lo más mínimo, bien sea usted o el procurador o me entere que haya llegado a espaldas mías a un acuerdo con la parte contraria, le garantizo que dedicaré mi vida personal a destruirla”.
“Y también si por un casual usted hace que pierda el caso en juicio o se archiva y cierra el caso, de igual manera, haré que me lo pague con intereses”, añadía.
Tras recibir este correo, María Amparo Martínez tuvo que acudir hasta en dos ocasiones, en menos de 8 horas, a los servicios de urgencias por el alto grado de ansiedad que estaba padeciendo.
A raíz del suceso, estuvo dos meses de baja, con una prescripción médica de ansiolíticos, y recibió tratamiento psicológico. Sin embargo, aunque estaba de baja no se le paralizaron los plazos de las causas que llevaba, por lo que tuvo que seguir trabajando, otra problemática que denuncia la abogacía.
María Amparo Martínez denunció los hechos ante la Policía en julio de 2022, adjuntando el parte de lesiones. Solicitó al Juzgado medidas cautelares consistentes en una orden de alejamiento y la prohibición de que el denunciado se comunicara con ella, pero se le denegaron.
Dio parte de la denuncia al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y consiguió que se le retirara este cliente, a quien se le asignó un nuevo letrado del turno de oficio.
En el juicio estará asistida por el Colegio de Abogados, que ejercita la acusación particular. En concreto, por la diputada Lola Fernández Campillo.
Y también por su asociación, a través de la letrada Rosa Huertas. Defenda ejercita igualmente la acusación particular,
María Amparo Martínez espera que se haga Justicia.
No obstante, señala que estaba convencida de que “el caso iba a ir finalmente por un delito grave, pero lamentablemente no ha sido así y será juzgado por uno leve, que se podría saldar con multa de uno a tres meses”.
“Una ridiculez comparado con los perjuicios que me ha ocasionado a mí”, apunta esta abogada, a la que el suceso le supuso estar 63 días de baja y seis meses con medicación.
Según señala, “por lo general, los jueces suelen poner el mínimo, por lo que si al denunciado le impusieran un mes con una cuota diaria de 3 euros, le saldría por 90 euros”.
En un primer momento, la denunciante prefirió no revelar su identidad «por miedo a represalias», por lo que fue presentada por este diario -que sí conocía su identidad- con iniciales y en la fotografía posando de espaldas.
Sin embargo, esta abogada comprobó que a raíz de denunciar públicamente su caso, otros compañeros también lo hicieron con los suyos, y consideró necesario vencer el miedo y dar un paso más denunciándolo a cara descubierta.
Éste no es el primero caso que ella padece con un cliente.
Según denuncia, la abogacía vive, con demasiada frecuencia situaciones de riesgo y miedo reales: “Unas por insultos, coacciones, amenazas, acoso, agresiones físicas -palizas con hospitalización- y otras, las más obviadas, por la lenta, constante y permanente agresión psíquica (conversaciones presenciales, correos electrónicos, llamadas telefónicas), con amenazas veladas y otras explícitas sin ningún tipo de rubor ni de pudor al hacerlas; porque para este perfil de justiciable ‘todo vale, porque lo digo yo’, ‘yo presento una queja y te cagas’, como nos dicen”.
En su caso, agradece al ICAM la actuación que ha tenido una vez que fue conocedor de su denuncia. “Activó el protocolo de acoso de una manera muy rápida y el tratamiento que he recibido ha sido totalmente exquisito. Se han preocupado por mí y han estado a mi lado, acompañándome en el proceso judicial”, explica.
La presidenta de Defenda reivindica que se cambie la ley de Justicia Gratuita y que en el momento en el que se le designe al justiciable el abogado de oficio, se le advierta que debe respetarlo y que si profiriera algún tipo de insulto, amenaza, o coacción -escrita o telefónica o por cualquier otra vía- hacia su letrado, la designación quedará automática rescindida y no se le volverá a dar justicia gratuita, además de imponérsele algún tipo de sanción económica.
María Amparo Martínez considera que esta es “la única manera de hacerse respetar y de dignificar esta profesión”.
DEFENDA RECLAMA QUE LOS LETRADOS DEL TURNO DE OFICIO SEAN CONSIDERADOS AUTORIDAD
La presidenta de Defenda también reivindica que los letrados del turno de oficio sean considerados “autoridad” en el ejercicio de sus funciones y que todos los Colegios profesionales de la Abogacía y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cuenten con un protocolo de actuación para proteger a sus colegiados.
En este sentido, señala un reciente auto dictado por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa -340/2023, de 11 de septiembre-, “que es alentador, ya que recoge que los abogados pueden ser sujetos pasivos del delito de atentado a la autoridad”. “Ha sido gracias a la Fiscalía”, apunta.
Esta asociación reclama, asimismo, entre otras medidas, la elaboración de Protocolos de Prevención y Actuación frente a la Violencia durante la prestación de servicios públicos.
Indica que el ICAM cuenta desde 2019 con un Protocolo de Actuación en situaciones de Acoso, Amenazas, y/o Agresiones a Abogados, que Defenda reivindica para el resto de colegios.
Además, pide que se modifique la normativa actual para solucionar este tipo de situaciones que “se pueden ver fácilmente agravadas si tenemos en cuenta que no es posible la renuncia libre de las designaciones de oficio, según recoge el artículo 31 Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y las obligaciones recogidas en el nuevo Código Deontológico de la Abogacía: deber de transparencia del profesional de la Abogacía, deber de facilitar toda la documentación judicial de las actuaciones a su defendido…”.
Defenda emplaza a todas los Colegios profesionales, asociaciones en defensa de los derechos de la Abogacía y al propio CGAE a promover, en una acción conjunta, los cambios legislativos e institucionales necesarios “para eliminar las situaciones de riesgo sufridas por el colectivo en el ejercicio de su profesión”, e implantar de manera urgente este Protocolo de Actuación en los Colegios y en el Consejo que “garantice la protección integral de los profesionales de la Abogacía Española”.
Esta abogada hace hincapié en que los colegios profesionales de la Abogacía “tienen que atender y detectar este tipo de problemas que tienen los letrados de oficio y atenderlos con premura, no esperar a que ya se hayan producido daños quizás irreparables”.
«En este tipo de sucesos, y para evitar que se produzcan estas situaciones indeseables, se debería poder renunciar al justiciable, siendo suficiente la comunicación a nuestro ICA de que ha habido una pérdida de confianza y de esta manera quedaras totalmente liberada y se designara a otro compañero. En muchos casos, el comportamiento del cliente cuando el compañero es hombre es totalmente distinto de cuando es una mujer», concluye.
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