La asociación Defenda, de la que la víctima es vocal de la junta directiva, reclama que los letrados del turno de oficio sean considerados “autoridad” y que todos los Colegios profesionales de la Abogacía y el CGAE cuenten con un protocolo de actuación para proteger a sus colegiados. En la imagen, la denunciante de espaldas, porque prefiere no revelar su identidad "por miedo a represalias".
Letrada del turno de oficio denuncia que ha sido amenazada y coaccionada por su cliente y pide orden de alejamiento
La víctima, M.A.M.M., abogada del turno de oficio de Madrid, relata su caso a Confilegal, un "calvario" que lleva sufriendo con el justiciable más de dos años, desde que le fue designado en abril de 2020
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18/7/2022 14:10
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Actualizado: 11/11/2022 14:56
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La semana pasada, en la que se celebró el Día de la Asistencia Jurídica Gratuita, una abogada del turno de oficio de Madrid, M.A.M.M., tuvo que ser asistida de urgencias por la crisis de ansiedad sufrida tras recibir «uno de los muchos, incesantes, periódicos, agresivos y exigentes correos electrónicos que durante más de dos años ha recibido de un justiciable designado de oficio», según ha denunciado.
Esta letrada relata su caso a Confilegal, un «calvario» que lleva sufriendo con el justiciable desde que le fue designado en abril de 2020.
Explica que el correo detonante fue uno en el cual el cliente la amenazaba en los siguientes términos: “Ahora bien la prevengo y le advierto que, como la pille en un renuncio, sea el que sea, o lo más mínimo, bien sea usted o el procurador o me entere que haya llegado a espaldas mías a un acuerdo con la parte contraria, le garantizo que dedicaré mi vida personal a destruirla».
«… Y también si por casual usted hace que pierda el caso en juicio o se archiva y cierra el caso, de igual manera, haré que me lo pague con intereses», añadía.
Según indica este correo lo recibió el pasado miércoles y tuvo que acudir, en menos de 8 horas, en dos ocasiones a los servicios de urgencias «por el alto grado de ansiedad que estaba padeciendo».
Actualmente, se encuentra de baja con una prescripción médica de ansiolíticos durante un período mínimo de dos meses y está recibiendo tratamiento psicológico. Sin embargo, aunque se encuentre de baja, no se le paralizan los plazos de las causas que lleva, por lo que tiene que seguir trabajando.
La afectada denunció los hechos ante la Policía el pasado jueves, denuncia a la que ha adjuntado el parte de lesiones, y solicitó medidas cautelares consistentes en una orden de alejamiento y prohibición de comunicación respecto al denunciado.
El caso ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz, localidad al este de Madrid, y la denunciante ha conocido hoy mismo que el órgano judicial tramitará su procedimiento como un delito leve y que las medidas cautelares se resolverán en sentencia.
«Un mazazo más», declara la víctima, que anuncia que recurrirá esta resolución para que el caso continúe por diligencias previas y se acuerden medidas cautelares.
Esta letrada es vocal de la junta directiva de la asociación Defenda, creada en abril de 2020 para luchar por los Derechos y dignidad de la Abogacía de España. Varios miembros de la Junta Directiva de esta asociación, pertenecientes a colegios de Huelva, Castellón, Granada, Murcia, Cáceres y Sevilla, se van a personar como acusación particular asumiendo la defensa de su compañera, y la asociación, como acusación popular para defender los derechos del colectivo.
Según ha informado Defenda, un diputado del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) también se personará como acusación particular para defender los derechos de esta abogada.
La víctima destaca que los colegios profesionales de la Abogacía «tienen que atender y detectar este tipo de problemas que tienen los letrados de oficio y atenderlos con premura, no esperar a que ya se hayan producido daños quizás irreparables».
También reclama que se cambie la ley de Justicia Gratuita y que en el momento en el que se le designe al justiciable el abogado de oficio, «se le advierta que debe respetarlo y que si profiriera algún tipo de insulto, amenaza, o coacción, escrita o telefónica o por cualquier otra vía, hacia su letrado, la designación quedará automática rescindida y no se le volverá a dar justicia gratuita, además de imponérsele algún tipo de sanción económica».
«Pienso que es la única manera de hacerse respetar y de dignificar nuestra profesión», manifiesta esta letrada, quien considera que «el problema viene de los colegios, que no toman medidas hasta que el caso ya es realmente grave».
En este sentido, recuerda que ha venido «dos años sufriendo a esta persona». Y no es el primer caso que padece.
La víctima agradece al ICAM la actuación que está teniendo una vez que es conocedor de su denuncia. «Activó el protocolo de acoso de una manera muy rápida y el tratamiento que estoy recibiendo es totalmente exquisito, me llaman continuamente y se preocupan por mi estado, por cómo me encuentro y están pendientes de cada acontecimiento», explica.
Destaca que «el ICAM, en estos momentos, lo está haciendo de 10» y que está «muy agradecida» por ello y porque estén a su lado «en estos momentos tan difíciles». «Al César lo que es del César», concluye.
DEFENDA RECLAMA QUE LOS LETRADOS DEL TURNO DE OFICIO SEAN CONSIDERADOS AUTORIDAD
La asociación Defenda reivindica que los letrados del turno de oficio sean considerados “autoridad” en el ejercicio de sus funciones y que todos los Colegios profesionales de la Abogacía y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cuenten con un protocolo de actuación para proteger a sus colegiados.
Destaca que el caso de esta compañera no es aislado, sino que es «una situación que tristemente va en aumento», y señala que lo sufren más las abogadas que sus compañeros.
Defenda indica que algunos justiciables, que no la mayoría, afortunadamente, exigen a los letrados del Turno de Oficio «lo impensable» y que «llegan a vivirse situaciones kafkianas que suelen resolverse gracias a la empatía, paciencia y saber hacer de los profesionales».
Sin embargo, señala que «también se viven, con demasiada frecuencia situaciones de riesgo y miedo reales, unas por insultos, coacciones, amenazas, acoso, agresiones físicas -palizas con hospitalización- y otras, las más obviadas, por la lenta, constante y permanente agresión psíquica (conversaciones presenciales, correos electrónicos, llamadas telefónicas), con amenazas veladas y otras explícitas sin ningún tipo de rubor ni de pudor al hacerlas; porque para este perfil de justiciable ‘todo vale, porque lo digo yo’, ‘yo presento una queja y te cagas’«.
OTROS CASOS
Según expone Defenda, el pasado 13 de junio, un abogado de Gijón fue agredido por un cliente del Turno Oficio «por tener que esperar su turno para ser atendido», y el 6 de junio, en Oviedo, un justiciable que siendo advertido de la casi probable denegación de Asistencia Jurídica Gratuita, al ser condenado y reclamársele el abono de los honorarios «acosa a su abogada con el envío de material pornográfico explícito».
También relata que el 23 de octubre 2019, en Mallorca, cinco hombres apalearon al abogado defensor, A.L.G., de uno de ellos «porque fue finalmente condenado a 4 años de prisión», y que el 9 febrero de 2021, la mujer de un investigado «insultó a la letrada de su marido, la amenazó y le golpeó en el pecho en los Juzgados de Segovia».
Asimismo, indica que en agosto de 2018, en Madrid, una abogada «fue amenazada por la expareja de su defendido mediante audios y mensajes de WhatsApp, en los que decía: «hija de la gran puta”; “sé dónde vives, te tengo localizada”; “lo vas a pagar caro”; “no voy a parar hasta que muráis tú y la zorrita de tu abogada”.
Además, en este caso, la expareja advirtió a la letrada de que conocía el nombre de sus padres, la dirección de su despacho e incluso le remitió una foto de sus padres.
También indica que una procuradora recibió entre 60 ó 70 mensajes diarios de amenazas y coacciones, alguno de ellos de contenido sexual.
Defenda subraya que son muchos los casos en los que la conduzca amenazante e intimidatoria reiterada en el tiempo, se extiende a la familia del profesional y burla cualquier medida cautelar o pena accesoria acordada de prohibición de aproximación y alejamiento, sumiendo a los afectados «en la peor de las más terribles pesadillas imaginables».
Esta asociación afirma que la Administración Pública parece que «no es consciente» de que el abogado debe tratar a diario «con personas conflictivas». Es por estos motivos que la Abogacía de Oficio exige el reconocimiento legislativo de autoridad. «Es la única forma de concienciar a los potenciales agresores de que deben a su defensor el mismo trato y respeto que reciben y que cualquier conducta violenta puede ser sancionada penalmente por penas privativas de libertad y por qué no, también en vía administrativa», asegura Defenda.
Y a igual que su compañera víctima de amenazas, considera que «no estaría de más que se recordase a los beneficiarios de la Asistencia Jurídica Gratuita de que deben respeto a su dirección letrada y que su incumplimiento será sancionado».
ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD
Defenda exige la protección integral de todos los profesionales de la Abogacía en idénticas condiciones a las reconocidas al personal sanitario y profesorado en centros públicos durante el ejercicio de su profesión, y la «implicación real» del Consejo General de la Abogacía Española y de los respectivos Colegios Profesionales de la Abogacía «para adoptar medidas urgentes y efectivas de que eviten el actual desamparo padecido por los letrados designados de oficio, y que detecten y protejan al colegiado de forma precoz ante estas lamentables situaciones».
Entre otras medidas, reclama la elaboración de Protocolos de Prevención y Actuación frente a la Violencia durante la prestación de servicios públicos.
Defenda hace hincapié en que a los abogados debe garantizárseles el libre ejercicio de su profesión sin ningún tipo de condicionantes, ni coacciones, ni amenazas.
Y exige que se modifique la normativa actual para solucionar este tipo de situaciones que «se pueden ver fácilmente agravadas si tenemos en cuenta que no es posible la renuncia libre de las designaciones de oficio, según recoge el artículo 31 Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y las obligaciones recogidas en el nuevo Código Deontológico de la Abogacía: deber de transparencia del profesional de la Abogacía, deber de facilitar toda la documentación judicial de las actuaciones a su defendido…».
Indica que tal y como recoge el XVI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, el número real de quejas que realmente conllevan la apertura de expedientes sancionadores es únicamente del 5%. Indica que de las quejas tramitadas en 2021, que ascendieron a 5.234, fueron archivadas 3.681 y se abrieron 297 expedientes sancionadores, lo que demuestra el buen hacer del profesional.
Subraya que en España, a 31 de diciembre de 2021, había censados 144.642 abogados ejercientes y que todos ellos deben sentirse «representados, protegidos y escuchados, principalmente por sus respectivos Colegios Profesionales», como ha hecho recientemente el Colegio de Abogados de Castellón ante la agresión sufrida por uno de sus colegiados en una reunión de una Comunidad de Propietarios.
«El Colegio de Abogados de Castellón rechaza cualquier tipo de intimidación, amenaza o agresión que puedan sufrir los profesionales de la abogacía en el ejercicio de su misión de asesoramiento y defensa como garantes de los derechos de la ciudadanía», sentenció en un comunicado el pasado 12 julio,
Desde Defensa, aplauden este tipo de actuaciones institucionales.
RECLAMA UNIDAD DE ACCIÓN DE TODOS LOS COLEGIOS, ASOCIACIONES Y DEL CONSEJO
Igualmente, agradecen al ICAM el apoyo brindado a su compañera para acompañarla en el futuro proceso judicial al que deberá enfrentarse y por contar desde 2019 con un Protocolo de Actuación en situaciones de Acoso, Amenazas, y/o Agresiones a Abogados, que esta asociación reivindica para el resto de colegios.
Defenda, emplaza a todas los Colegios profesionales, asociaciones en defensa de los Derechos de la Abogacía y al propio CGAE a promover, en una acción conjunta, los cambios legislativos e institucionales necesarios «para eliminar las situaciones de riesgo sufridas por los abogados en el ejercicio de su profesión» e implantar de manera urgente un Protocolo de Actuación en los Colegios y en el Consejo que «garantice la protección integral de los profesionales de la Abogacía Española».
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