Es la consecuencia directa de la aplicación de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, que transpone las Directivas de la Unión Europea que establecen la digitalización de todas las actuaciones registrales y regula el paso de los libros físicos a los folios electrónicos en todos los registros del país.
La ley ha incorporado nuevas tecnologías manteniendo los principios tradicionales habituales, dota al registrador de herramientas para avanzar en esta evolución tecnológica natural y refuerza el control de legalidad de los registradores.
Según explicó el director del Servicio de Sistemas de Información del Colegio de Registradores, José Soriano, la nueva Ley permitirá a los ciudadanos acceder telemáticamente “a todos los servicios y trámites registrales disponibles, conocer el estado de tramitación de su procedimiento registral y recibir las comunicaciones de los registradores que deben realizarse preferentemente de forma telemática».
La Ley consagra un registro de llevanza electrónica de una forma muy detallada que no va a requerir de desarrollo reglamentario alguno. Sólo necesitaba una serie de resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que se emitieron el 7 de julio pasado.
DOS FASES
La implantación de la firma electrónica se está realizando en dos fases, relató el director del Servicio de Sistemas de Información del Colegio de Registradores.
La Fase A comenzó el 1 de octubre y se extenderá hasta el 31 de diciembre. En esa fecha los 1148 Registros existentes deberán tenerla implementada obligatoriamente. En la actualidad en 610 está plenamente operativa.
La Fase B comenzará el 2 de enero y consistirá en el escaneo y digitalización de toda la documentación que se presente en papel así como la generación del repositorio electrónico.
Y el 9 de mayo de 2024 entrará en vigor el resto de la ley. Con ella el diario y el libro de inscripciones serán completamente electrónicos.
Los cambios que impone la nueva ley implican, además del certificado cualificado de firma del registrador, la llevanza de un registro electrónico. Su trascendencia, según Soriano, es mayúscula “ya que no puede haber seguridad jurídica sin seguridad electrónica”.
La ley establece que el sistema de seguridad tiene que ser homogéneo para todos los registros, tanto en Madrid como en el registro más pequeño de la geografía española. “Por ello, va a haber un sistema de copias locales junto con una copia centralizada, una copia ‘online’, encriptada en origen, que como tal llegará a al Colegio. Esta copia se guardará en dos centros de procesos de datos diferentes, donde se garantizará la conservación y la lectura de los archivos”, añadió.
Para acceder a ellos, se requiere el doble factor de autentificación.
Con esta ley queda consagrado el modelo único de oficina registral en el que cada finca va a disponer de un folio real electrónico único e indefinido que contendrá su historial registral.
Y lo mismo ocurrirá con el Libro de Entrada y el Libro Diario, único para cada año.
VIDEOIDENTIFICACIÓN
La Ley 11/2023 contempla la videoidentificación del ciudadano así como la presentación telemática directa de los documentos ante los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Mueble con firma electrónica.
Además, de forma muy parecida al servicio implementado por el Ministerio de Justicia y presentado recientemente, cada ciudadano podrá acceder al servicio Mi Carpeta, a través de Internet, en el que tendrán información sobre los servicios y trámites registrales disponibles, conocer el estado de tramitación de su procedimiento registral y recibir las comunicaciones de los registradores que deben realizarse preferentemente de modo telemático.
La ley ha sido valorada como muy positiva, ya que dota de herramientas para acomodarse a los requerimientos de los ciudadanos, y permite el acceso a información en tiempo real.
