El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha rechazado la petición que realizó ayer el vocal progresista Álvaro Cuesta –exdiputado por el PSOE– para desconvocar el pleno extraordinario programado para este lunes para debatir una propuesta de declaración institucional contra la amnistía.
Mediante un escrito, Guilarte ha respondido que la convocatoria se ha realizado de conformidad con el artículo 35, segundo párrafo, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, aprobado mediante Acuerdo de 22 de abril de 1986.
En concordancia, expone el escrito firmado por Guilarte, con los antecedentes registrados en supuestos análogos en los que la Presidencia del CGPJ ha atendido siempre las solicitudes de convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno que se le han cursado por diferentes vocales.
Por todo ello, el presidente interino del órgano ha rechazado acceder a la solicitud del vocal Cuesta, que ha considerado «manifiestamente ilegal» esta convocatoria y que, además, ha anunciado que no asistirá en caso de que siga adelante el pleno, al que cree «contrario al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales» del CGPJ, según explicó en un escrito remitido ayer.
El CGPJ, por lo tanto, se reunirá hoy a las 19.00 horas en un Pleno extraordinario para debatir la propuesta de 8 vocales del ala conservadora de emitir una declaración institucional contra la futura ley de amnistía que beneficiará a promotores y partícipes del ‘procés’.
El pasado 1 de noviembre los 8 vocales -de los 16 que forman ahora el CGPJ- pidieron estudiar, votar y emitir una declaración institucional en la que se exprese la «intensa preocupación y desolación» del órgano por la ley de amnistía que el PSOE está ultimando con ERC y Junts, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno.
En su texto, los 8 vocales conservadores aseguraron que la ley de amnistía tendrá efectos de «degradación» para el país, «cuando no de abolición del Estado de Derecho en España». Insistieron también en que cuando se aplique la amnistía a los encausados por el ‘procés’ el Estado de Derecho en España «pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España».
