La defensa del prófugo líder de Junts, Carles Puigdemont ,ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que asegura que la investigación sobre el papel de Tsunami Democràtic en los disturbios que siguieron a la sentencia del ‘procés’ en 2019 forma parte del ‘lawfare’ y la persecución contra el independentismo.
Así consta en un escrito en el que el dirigente ha solicitado al juez que le dé acceso a la documentación que obra en el procedimiento y que, a su vez, le sean notificadas «todas las resoluciones dictadas hasta la fecha» que le afectan a fin de poder interponer los recursos que considere pertinentes.
La petición tiene lugar después de que ayer lunes el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el magistrado Manuel García Castellón, acordara dirigir sus pesquisas contra Puigdemont, a quien le ofreció la posibilidad de comparecer voluntariamente «mientras no se libre el correspondiente suplicatorio».
El líder de Junts ha asegurado que el procedimiento de Barcelona que dio origen al procedimiento en la Audiencia Nacional en el que ahora se le señala es «una de las distintas causas prospectivas que se han gestado para criminalizar a un movimiento político que, si por algo se ha caracterizado, es por su carácter pacífico».
Su defensa, a cargo del abogado Gonzalo Boye, ha insistido en que «parece evidente que el procedimiento» en cuestión es lo que en términos anglosajones se denomina «lawfare».
Con este término los dirigentes independentistas se refieren a lo que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos.
Justo esta semana el letrado ha sostenido a través de sus redes sociales que «el ‘lawfare’ debe entrar en la ley de amnistía, no por los nombres sino por lo que implica políticamente para España», un movimiento que le beneficiaría a él personalmente.
En el marco del escrito, ha insistido en que el de la Auidiencia Nacional no es el único procedimiento en que esto sucede y ha asegurado que son «decenas» los afectados por el «el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político».
«A lo largo de los últimos años hemos visto cómo han proliferado procedimientos penales, sancionadores administrativos o de derivación contable cuya única razón de ser es, en función de contra quién o quienes se dirigen», ha señalado, al tiempo que ha recalcado que «todos esos afectados tienen un único denominador común: ser identificados como independentistas catalanes o personas del entorno del independentismo o, incluso, hasta sus abogados».
TERRORISMO, UN «ERROR» DEL JUEZ
En este sentido, la defensa ha afeado que «bajo un manto de legalidad» se le atribuyan a Puigdemont «conductas tales como malversación, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, revelación de secretos, delitos informáticos diversos, blanqueo de capitales, prevaricación administrativa y otros».
«Queremos creer que en el presente procedimiento nada de eso sucedería y que la investigación que versaría sobre un presunto delito de terrorismo enmarcado en el ámbito de la organización de unas determinadas protestas ciudadanas -ejercicio legítimo de derechos fundamentales- y la atribución de un fallecimiento que se habría producido en fechas coincidentes, aunque tal hipótesis venga desmentida por los servicios médicos que atendieron a esa persona, serían en todo caso un error de apreciación, que será corregido en el curso de la tramitación del procedimiento», ha añadido su defensa.
