“Los poderes públicos vuelven a intervenir en vez de facilitar el acceso a la vivienda para todos”. Así lo advierte la abogada Arantxa Goenaga, especializada en Derecho Inmobiliario y socia del despacho Círculo Legal Barcelona sobre el Decreto Ley aprobado esta semana por la Generalitat de Cataluña, con el que pretende regular el régimen urbanístico de los pisos turísticos en Cataluña.
El mismo establece que en 262 municipios no podrá haber más de 10 apartamentos turísticos por cada 100 habitantes
Una medida que la firma Círculo Legal tilda de “intervencionista”.
“Este decreto ley, como casi toda la normativa actual, busca regular el mercado inmobiliario y evitar los efectos negativos que ha provocado La Ley por el derecho a la vivienda, sobreregulando los otros destinos que pueden tener los inmuebles; por todo esto, nos encontramos nuevamente que los poderes públicos buscan intervenir en vez de facilitar soluciones para que haya un mejor acceso a la vivienda para todo el mundo”, señala Arantxa Goenaga.
Según esta nueva normativa, los Ayuntamientos podrán ampliar los requisitos que se establecen para poder tener esta actividad, añadiendo la condición de que se tiene que obtener una licencia urbanística.
CRITICA LA FALTA DE FONDOS PÚBLICOS PARA MEJORAR EL PARQUE INMOBILIARIO
“Obligan a estos pisos a cumplir nuevos requisitos, en vez de destinar fondos públicos a mejorar el parque inmobiliario, una legislación intervencionista en vez de favorecedora de políticas sociales”, denuncia esta jurista.
También destaca que en el texto se nombran 400 municipios en los que se aplicará esta nueva norma, mientras que la resolución que se aprobó el 11 de agosto, en relación con la declaración de zonas tensionadas, hablaba de 140.
“Si sólo en 140 de estos municipios existe un problema real de acceso a la vivienda, significa que 260 municipios son los que consideran que se rompe el equilibrio del entorno urbano al haber más pisos turísticos de los que corresponden y, por tanto, procederán a revocar las licencias que excedan de esos cinco pisos por cada 100 habitantes”, expone Arantxa Goenaga.
Y señala que esto afectará a aquellos pueblos pequeños que viven exclusivamente del turismo.
MOTIVOS DETRÁS DE LA APROBACIÓN DE ESTE NUEVO DECRETO
En su exposición de motivos, la Generalitat afirma que la existencia de pisos turísticos genera un funcionamiento anormal en las zonas donde están situados, y considera que hay un riesgo de romper el equilibrio del entorno urbano.
“Estos municipios son aquellos donde consta que hay un problema de acceso a la vivienda y además deben cumplir uno de los siguientes requisitos: que la carga media del alquiler o hipoteca junto con los gastos básicos supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares, o bien que el precio del alquiler o compra de una vivienda tenga un porcentaje de 3 puntos superior al incremento del IPC de Cataluña”, expone esta letrada-
“En los casos en que se considere que se puede romper el equilibrio del entorno urbano es porque hay una ratio de cinco o más viviendas de uso turístico por 100 habitantes. Es decir, que este supuesto va destinado especialmente a aquellos pueblos en los que hay muchas casas o pisos turísticos por su enclave geográfico pero que tienen pocos habitantes”, detalla.
Se prevé que los pisos turísticos actuales deberán solicitar esta licencia en un plazo de cinco años desde la publicación o bien cesar en su actividad.
Pero por si no pierden este carácter, en el cuarto año tras la publicación de este Decreto Ley podrán solicitar una ampliación del régimen transitorio hasta cinco años más.
“De esta forma está dando un plazo de 9 años a aquellos pisos que actualmente son turísticos, pero que seguramente no conseguirán obtener esta licencia urbanística”, concluye Goenaga.
Según un informe de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), este tipo de viviendas generan 5.000 empleos directos y cada piso turístico de Barcelona genera unos 3.000 euros al mes en impuestos a las arcas municipales.
Todo eso suma 342 millones de euros al año por las 9.500 viviendas de uso turístico que existen en la capital catalana.
