El 21 de noviembre pasará a la historia como el primer día en el que miembros del turno de oficio –en España son 45.000 abogados los que prestan este servicio– van a ir a la huelga. Algo sobre lo que no existe precedente alguno.
Belén García, secretaria general del Sindicato de Abogados Venia, el único de su naturaleza, tiene muy claro que «La huelga que hoy comenzamos en el turno de oficio es legítima».
«Hoy (por ayer) la Dirección General de Trabajo nos ha comunicado que los únicos organismos competentes para declarar que una huelga es legal o ilegal son los tribunales de justicia. Concretamente los tribunales de lo social», explica.
García contesta, de esta forma, al oficio del Ministerio de Justicia enviado a los Consejos Generales de la Abogacía y de la Procura en el que les informó que la huelga no tiene amparo legal y no existe cobertura para el ejercicio del derecho a huelga.
Lo que podría tener consecuencias disciplinarias para los 83 Colegios de Abogados y los 63 de Procuradores, que son los que organizan y prestan este servicio que es abonado a través de una subvención que reciben periódicamente del Ministerio de Justicia.
«El Ministerio de Justicia debería haber establecido los servicios mínimos. Nosotros hemos propuesto los nuestros aplicando el mismo mapa que los letrados judiciales en su huelga», subraya la secretaria general del Sindicato.
«Nadie nos puede negar el derecho a la huelga a los abogados que servimos en el turno de oficio. Ocurre lo mismo que en el caso de Glovo, que les dijo a sus empleados que eran autónomos. Después la justicia dejó claro que eran falsos autónomos. El derecho a la huelga está reconocido en la Constitución, también en el Estatuto de los Autónomos. A nosotros no nos cabe ninguna duda de que lo que somos y de nuestros derechos. Negar esto es negar la realidad», apostilla Belén García.
El Sindicato de Abogados plantea 12 reivindicaciones para la mejora de las condiciones de prestación del servicio de guardias y turno de oficio para los abogados que lo prestan. «Todas son de urgente y necesaria asunción por parte de la Administración», dice García.
SUS REIVINDICACIONES
Las 12 revindicaciones son estas:
1. Regulación jurídica del profesional del turno de oficio;
2. Retribuciones dignas abonadas en tiempos y forma;
3. Retribución de la totalidad d de las actuaciones realizadas para las que han sido designados y de los tiempos de disponibilidad;
4. Abono de los costes en los que incurra el profesional al prestar el servicio;
5. Ante la denegación definitiva de la Asistencia Jurídica Gratuita es la Administración la que pagara al profesional y reclamará al ciudadano, no el profesional designado;
6. Actualización anual de las retribuciones conforme al Índice de Precios al Consumo;
7. Cotización a la Seguridad Social con efectos retroactivos;
8. Derecho a la conciliación, descanso y desconexión digital;
9. Reducción de la carga burocrática;
10. Derecho a la formación gratuita;
11. Reconocimiento de la condición de autoridad;
y 12. Campañas de sensibilización para visibilizar y dignificar la profesión.
