Los principales líderes independentistas parecen estar aprovechando la actual polémica por los acuerdos con Pedro Sánchez para volver a saltar a la actualidad política nacional. Algo que también está provocando movimientos en los tribunales.
Y es que ahora, Carles Puigdemont también parece estar dispuesto a «dar la batalla» a los magistrados que estudian los hechos acontecidos durante los momentos más álgidos del procés independentista de Cataluña.
En un giro significativo del caso ‘Tsunami Democràtic’, Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha presentado un recurso de apelación contra la orden del juez que investiga los eventos en el aeropuerto de El Prat, Manuel García Castellón.
En concreto, contra la solicitud realizada por el magistrado a la OTAN, la Unión Europea y el Ministerio de Transportes para determinar si los acontecimientos del 14 de octubre de 2019 merecían la calificación de actos terroristas.
Una calificación que, sin duda, supondría un cambio radical en la situación independentista en los tribunales.
Así pues, García Castellón argumenta que El Prat, al ser un ‘hub’ aéreo, se considera una «infraestructura crítica» cuyo bloqueo buscaba «desestabilizar gravemente el funcionamiento de las estructuras económicas o sociales del Estado».
Un bloqueo que, según el magistrado, podría haber llegado a provocar que se produjera el fallecimiento del turista francés durante los disturbios.
Algo que no parece convencer a Alay, que ha presentado un recurso en el que insta a la Sala de lo Penal a revocar la resolución del magistrado, quien insiste en clasificar el bloqueo del aeropuerto como un acto terrorista.
En el recurso presentado, Alay expresa su «sorpresa y preocupación» por el hecho de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 continúe «actuando como si no se encontrase recusado por diversas partes».
Alay critica el gasto público de estas investigaciones
Sin embargo, durante sus declaraciones sobre el recurso presentado, y entre críticas al magistrado, el jefe del equipo de Puigdemont no ha dudado en tirar del dinero público para cuestionar las investigaciones a Tsunami.
Así pues, Alay ha plateado cuál ha sido el coste real de las investigaciones del juez García Castellón en estos últimos cuatro años.
«¿Qué se ha estado haciendo estos últimos 4 años?, ¿Cuánto dinero nos ha costado a los contribuyentes hasta la fecha esta investigación prospectiva? ¿Qué hechos nuevos se han descubierto recientemente para generar la actual dinámica procesal que estamos viendo?», se pregunta la defensa de Alay.
Una defensa que, del mismo modo, e insistiendo en las críticas a la Justicia española, sugiere que la actuación procesal de García Castellón es «absolutamente errática y carente de cualquier base indiciaria», describiéndola como una posible causa general contra líderes independentistas catalanes.
En última instancia, el recurso de Alay arroja dudas sobre la eficacia y la validez de la investigación en curso, insinuando que podría estar motivada más por consideraciones políticas que por la búsqueda objetiva de la verdad y la justicia, «dado su carácter prospectivo».
