Entrevista | Javier de la Hoz, SavviaLegal: «Tenemos la clave para que las operaciones medioambientales salgan en Colombia»
Fundador y socio director de SavviaLegal, Javier de la Hoz domina un nicho de mercado con un importante valor añadido para las empresas extractoras y medioambientales en Colombia. Foto: Confilegal.

Entrevista | Javier de la Hoz, SavviaLegal: «Tenemos la clave para que las operaciones medioambientales salgan en Colombia»

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12/12/2023 06:32
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Actualizado: 11/12/2023 20:05
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Hace un año y medio fundó en Colombia la firma SavviaLegal, especializada en sacar adelante operaciones de infraestructuras, de extracción y proyectos medioambientales.

La historia de Javier de la Hoz seguramente, de haber sido estadounidense, se habría convertido en una película de cine o una serie de Netflix. Porque hace lo que no se espera de un abogado.

Se pone los vaqueros y se va a los lugares más recónditos de su país para convencer a las comunidades locales de las ventajas que la presencia de empresas pueden representar para su medio ambiente y su futuro. Con ello consigue ahorrar a las empresas cientos de miles, o millones de dólares.

Porque no basta con que la concesión que haya dado el Gobierno. Los ciudadanos tienen, legalmente, la última palabra.

De la Hoz ha visitado España para darse a conocer entre grandes empresas y despachos con el fin de hacerles saber que su bufete, SavviaLegal, es la llave del éxito si tienen previsto obtener una concesión de este tipo -o ya la tienen-. En esta entrevista lo cuenta todo.

¿Por qué se ha especializado su firma en operaciones de derecho ambiental?

Todo comenzó hace una década. Yo soy originario del norte de Colombia, una región donde se da mucha actividad extractiva. Oro, cobre, niquel, carbón. Allí conocí las dinámicas que se daban entre el sector privado, multinacionales, comunidades afectadas y gobierno.

Y me di cuenta de que ese diálogo no existía. O si existía, estaba roto. No por nada Colombia es el segundo país del planeta con más conflictos medioambientales.

Eso me llevó a especializarme en estos temas y a establecer esa sinergia entre los tres actores de la cadena productiva.

Hoy tenemos la clave para que las operaciones medioambientales salgan en Colombia.

La imagen que se tiene de este tipo de empresas es la de grandes depredadores que no están dispuestos a llegar a ningún tipo de acuerdo con los ciudadanos. Que lo único que quieren es obtener recursos naturales y marcharse.

Desde mi punto de vista eso no es tan cierto. Lo que sucede es que el diálogo ha estado roto. Pero es que, además, en nuestros países latinoamericanos, desde hace varios gobiernos, desde hace varios años, se ha venido dando un tema de un activismo muy fuerte.

Las empresas no han estado a la altura de ese reto. Precisamente porque no se ha entendido ese diálogo social. Lo que hoy en día en Latinoamérica se llama licencia social es igual o más importante que los permisos que emite el mismo Gobierno.

«Lo que hacemos es garantizar, a través de procesos de debida diligencia, que los permisos, autorizaciones, incluso contratos de concesión que se han suscrito con el Gobierno luego no van a ser torpedeados, o derrumbados o destruidos»

Ustedes hacen de intermediarios entre las grandes empresas y las comunidades locales ¿Dónde está el negocio en estos casos?

El negocio está en tomar la intervención del sector privado desde el minuto cero. Para obtener licencias, permisos y autorizaciones de explotación pero previa conversación con las comunidades directamente relacionado con ello.

Muchas veces en España es difícil de entender esto. Pero en Colombia existen multitud de comunidades étnicas, sobre todo en las zonas donde se da la extracción minera.

Lo que hacemos es garantizar, a través de procesos de debida diligencia, que los permisos, autorizaciones, incluso contratos de concesión que se han suscrito con el Gobierno luego no van a ser torpedeados, o derrumbados o destruidos.

Se han dado casos a través de acciones judiciales posteriores.

Pongo un ejemplo. Enel, la compañía francesa, acaba de salir de Colombia hace dos meses con un proyecto multimillonario, el mayor proyecto de energías eólicas. Se fue al traste, fracasó, por una falta de diálogo intercultural, como nosotros lo llamamos desde Savvia.

No se percataron. Obtuvieron permisos y autorizaciones muy a su manera, desde el centro del país, sin mirar hacia esos actores que están allí, que a veces parece que no influyeran mucho pero que sí influyen.

Toda esta historia me permite concluir una idea muy importante: no es culpa del sector privado. Yo responsabilizo en gran parte al mismo estado.

Javier de la Hoz y María Carolina Guerrero, abogada también y responsable de relaciones con empresas e instituciones de SavviaLegal, quien le acompañó en su reciente visita a Madrid. Foto: Confilegal.
Javier de la Hoz y María Carolina Guerrero, abogada también y responsable de relaciones con empresas e instituciones de SavviaLegal, quien le acompañó en su reciente visita a Madrid. Foto: Confilegal.

¿Por qué?

Porque cuando la industria extractiva va a llegar lo hace a una oficina que se llama dirección de Consulta previa que depende de Presidencia de la República.

Esa oficina tiene que certificar las comunidades que estén sentadas alrededor de la operación. O las que están en el área de influencia.

¿Y no lo hacen?

No lo hacen, por una sencilla razón: la cartografía social del país está totalmente desactualizada.

Nosotros hemos manejado casos en el que una compañía canadiense de gas llega, inicia su proceso de licenciamiento, obtiene su licencia e inicia su explotación. Pero dos años después surge por ahí una comunidad que le dice: “yo estoy en tu área de influencia a través de una acción de tutela”.

Los términos temporales en una acción de tutela son muy cortos. Diez días en primera instancia. Veinte en segunda.

Un juez de tutela de cualquier municipio del país te puede suspender un proceso de licenciamiento que quizá te ha costado obtener seis años.

Este caso específico le costaba a la compañía 170.000 dólares diarios solo en el “stand by” de los taladros que no podían moverse. La licencia medioambiental estuvo suspendida durante dos años y medio.

La música me suena. En España hay resistencia, en determinadas comarcas, a la instalación de molinos eólicos, por ejemplo.

El foco del negocio, para ser más específico, está en que podemos ser amigos de todos. ¿En qué sentido? No solo de la empresa como tal sino de los grandes despachos que, de una u otra forma, articulan todos estos proyectos de inversión.

Porque conocemos una realidad propia, una realidad que va mucho más allá de las leyes y los decretos que se dictan.

O sea, su objetivo siempre es conquistar la confianza de esos grupos locales, convencerlos del menú de ventajas que les ofrecen y que su medio ambiente no va a cambiar nada. Además, ustedes responden personalmente de ello, ¿no?

Básicamente es así. Lo difícil es contactar y entrar en esas comunidades, que son muy cerradas. La clave está en la empatía. Entender las necesidades de los unos y los otros y ser unos mediadores.

Y, sobre todo, en llegar en el minuto cero. Este es el error que se ha venido cometiendo una y otra vez. Eso genera miles de millones de dólares en pérdidas.

Nosotros actuamos antes, haciendo un trabajo previo, explicamos a las comunidades en qué consiste la operación, entre otras cosas para que los costes de la operación disminuyan.

Las compensaciones que haya que pagar por ley se van a reducir. Además de que vas a tener un grupo de interés que va a cuidar la operación.

El proyecto de gas más importante de Colombia lo sacamos así.

«Lo difícil es contactar y entrar en esas comunidades, que son muy cerradas. La clave está en la empatía. Entender las necesidades de los unos y los otros y ser unos mediadores»

¿Y cómo llegó a esa conclusión? ¿Cómo desarrolló este método?

Fue en mi primera etapa, siete años atrás, cuando entré en contacto con el derecho ambiental por primera vez. Representé a varias comunidades como abogado. Todavía no era especialista. Aquella etapa primera fue empírica.

Allí estructuré un caso icónico contra la minera BHP y Billiton, a la que ganamos en Colombia. Este fue el caso insignia en materia ambiental en Colombia. Y fue el proceso de consulta previa en materia de responsabilidad social y económica de mayor envergadura de la mayor envergadura en la historia del país.

Eso me dio muy buena presentación ante estos grupos de comunidades. Fue un proceso muy largo que duró poco más de seis años, que se manejó tan bien que aún hoy esa empresa me recomienda a otras empresas.

Esto fue lo que me empujó a montar mi propio despacho.

¿Dónde tienen ustedes sus oficinas?

En tres ciudades: Bogotá, Medellín y Barranquilla. Con eso cubrimos todo el país.

Supongo que, para los grandes despachos, ustedes son ya una referencia para este tipo de casos.

Aquí en España hemos hablado ya con varios. En Colombia nos conocen bien.

Es decir, que hacen un estudio de las comunidades, sus necesidades, qué ventajas puede representar para ellos la presencia de la empresa…

Y ayudar a la empresa a desarrollar estrategias en beneficio de las comunidades. No solo desde el punto legal, lo que les toca, sino ir un poco más allá. Es tratar de que la empresa se ponga en la piel de las comunidades y las comunidades se pongan en la piel de la empresa.

¿Cuánto tiempo llevan operando?

Un año y medio. Antes fui socio de uno de los despachos grandes de Colombia, De la Espriella Lawyers. Muy fuerte en penal y materia ambiental, donde tuve la oportunidad de aprender.

Allí creé el departamento de derecho medioambiental.

O sea, ahora le está haciendo la competencia a su antiguo despacho, ¿no?

Pues sí (se ríe). Queríamos crecer y decidimos dar el paso. La verdad es que ya no me estaba gozando lo que estaba haciendo y eso significó que ya no estaba alineado con la visión del despacho, donde estuve 14 años. Mucho tiempo.  

Ningún despacho en Colombia hace lo que hacemos nosotros, mediar entre las partes, hacerlo sostenible, y acompañar todo el tiempo a la operación. Esa es nuestra gran diferencia.

Nosotros rodeamos al inversionista en un 360 porque cubrimos todo el tema de la tecnología, vigilancia legislativa, cómo se están moviendo los proyectos, la relación con las comunidades. Esto no lo hacen otros despachos de abogados.

¿Cuántos son en su firma?

Quince abogados. En total somos 35 personas.

Es un buen negocio, entonces.

El crecimiento de la firma en este primer año ha sido sorprendente. No nos equivocamos en enfocarnos en esta subespecialización.

¿Qué clientes pueden tener en España?

Empresas de infraestructuras, energías renovables, minería… Las hemos visitado como también hemos visitado a los despachos colegas en España, los grandes.

Algunos nos han reconocido que no hacen lo que hacemos nosotros. “Tenemos sede en Colombia pero lo que hacéis vosotros, nosotros no lo hacemos”, nos han dicho.

Nosotros somos especialistas en la fase cero, lo que no se ve. Una fase que si no se cubre previamente puede saltar y suspender la operación.

Una última pregunta, en su país, a pesar de tener un presidente de izquierdas, la guerrilla no se ha desactivado del todo. Supongo que en algunos sitios puede haber ese tipo de peligro. ¿Cómo lo afrontan?

Así es. Yo apelo siempre a la protección del grupo de interés que haya ahí. El grupo de interés es la comunidad. Es muy común que nos toque ir a zonas de grupos armados ilegales. Dos veces al mes me toca ir a esos sectores. Soy un convencido de que lo que nosotros hacemos, si no vamos al territorio no sale. Es absolutamente imposible.

Ahí es donde está el factor diferencial. Tenemos la capacidad de ir a la zona apartada y más compleja de Colombia pero también de sentarnos en una lujosa oficina en la capital.

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