El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha convocado a los sindicatos Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y STAJ a una reunión el próximo miércoles 20 de diciembre, a las 10.30 de la mañana.
Olmedo ha enviado una carta a todos los sindicatos con la finalidad de «analizar la situación de la Administración de Justicia y preparar la negociación de los asuntos que afectan a los funcionarios de Justicia en el marco del proceso de transformación de este servicio público esencial».
El sindicato mayoritario CSIF ha dicho que acudirá a la cita «con ánimo constructivo, pero firme en sus planteamientos» y trasladará al Ministerio de Félix Bolaños que la prioridad para los 45.000 funcionarios de Justicia es «la apertura de una negociación para alcanzar un acuerdo que pueda poner fin al conflicto en la administración de justicia», similar al ya pactado en la anterior legislatura con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), jueces y fiscales.
Comisiones Obreras, por su parte, mantendrá la concentración convocada para hoy miércoles frente a la sede del Ministerio de Justicia se mantiene porque, según señalan las mismas fuentes, aún no hay «ningún compromiso» por parte de la cartera que dirige Félix Bolaños.
El comité de huelga de los funcionarios de la administración de justicia -formado por estos cuatro sindicatos- suspendió en julio la huelga que iniciaron en abril por el adelanto electoral al 23J y a la espera de un nuevo gobierno.
LO QUE RECLAMAN LOS SINDICATOS
Los funcionarios reclaman un incremento de hasta 430 euros mensuales después de que el 28 de marzo los ministerios de Justicia y Hacienda firmarán un acuerdo -tras dos meses de huelga- con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que recogía un aumento salarial de hasta 450 euros mensuales.
Posteriormente, ambos ministerios rubricaron también un pacto con las asociaciones de jueces y fiscales para reconocer una subida en la misma línea.
El acuerdo con los LAJ representó un importe total de unos 22,7 millones de euros, mientras que el de jueces y fiscales ascendió a 46,7 millones de euros.
Ambas cifras quedan por debajo de los 200 millones de euros que reclaman los funcionarios para las 45.000 personas que conforman el cuerpo.
