El Gobierno pisa a fondo el acelerador en la transformación digital de la Justicia con un nuevo Real Decreto Ley
La aprobación de este Real Decreto Ley permitirá también que España reciba el cuarto desembolso de los fondos Next Generation EU, con un montante de 10.000 millones de euros. Foto: EP.

El Gobierno pisa a fondo el acelerador en la transformación digital de la Justicia con un nuevo Real Decreto Ley

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19/12/2023 19:11
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Actualizado: 19/12/2023 21:18
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Esta es la consecuencia directa del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno bautizado con el nombre «de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo».

El contenido de esta normativa se compone en su mayoría de disposiciones que ya han sido aprobadas en primera o segunda instancia, pero que no pudieron completar su tramitación debido a la convocatoria de las Elecciones Generales del 23 de julio pasado.

Estos proyectos de ley, enfocados en medidas de eficiencia procesal y digitalización del servicio público de justicia, son de especial importancia para mejorar la calidad de los servicios públicos, según han subrayado fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Son dos de las tres columnas sobre las que se sustenta el programa Justicia 2030, implementado por el Ministerio de Justicia. La tercera es el proyecto de ley de eficiencia organizativa.

Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal

Este primero ha sido diseñado para modernizar la realidad judicial española, adaptándola al entorno tecnológico y digital contemporáneo.

Se refuerza el derecho de los ciudadanos y profesionales a interactuar con la Administración de Justicia mediante medios electrónicos, siguiendo el modelo ya establecido con la Administración General del Estado y las demás Administraciones Territoriales.

El enfoque principal es el de acercar la justicia a la ciudadanía, haciéndola más accesible y orientada a las necesidades, fortaleciendo así el concepto de servicio público de la Justicia.

Las aplicaciones prácticas de estas medidas son notables.

Se promueve la realización de vistas y actos procesales de manera telemática, convirtiéndolos en la norma en lugar de la excepción, lo que implica ahorros significativos en desplazamientos.

Además, la creación de la Carpeta Justicia permitirá a cualquier persona acceder a los servicios judiciales de manera cercana y simplificada, incluyendo la posibilidad de llevar a cabo procedimientos por videoconferencia.

Se destaca la potenciación del Expediente Judicial Electrónico orientado al dato, impulsando la automatización y la inteligencia artificial para aumentar la eficiencia en la administración de la justicia.

Además, se fortalece la interoperabilidad mediante el intercambio automático de expedientes electrónicos entre órganos judiciales y fiscales, así como la interoperabilidad con otras Administraciones Públicas, eliminando errores y trabajos manuales para aumentar la eficiencia.

Con este cambio de paradigma, la Administración de Justicia pasa de estar centrada en el documento a estar orientada al dato, facilitando el diseño óptimo de políticas públicas y promoviendo la transparencia mediante el análisis, publicación y reutilización de los datos generados por la administración judicial.

Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal

Este segundo bloque de medidas se centra en garantizar la agilización de los procedimientos judiciales para hacer frente al aumento de la litigiosidad.

Ejemplos destacados incluyen la preferencia de la presencia telemática en la jurisdicción penal para actos procesales, con excepciones, y la dotación de herramientas a los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa para agilizar la tramitación y resolución de pleitos, utilizando como base el pleito testigo.

La aprobación de este Real Decreto Ley antes de fin de año tiene implicaciones significativas, ya que permitirá que España reciba el cuarto desembolso de los fondos Next Generation EU, con un montante de 10.000 millones de euros.

Esto respalda la urgencia y la importancia de estas medidas para impulsar la modernización y eficiencia en el sistema judicial del país.

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