Las afirmaciones del prófugo Carles Puigdemont, calificando a los jueces de » golpistas de las toga» y afirmando que su propósito no es otro que «sutilmente subvertir la legalidad constitucional por la legalidad togada» a través de la red social X, se han visto respondidas con el rechazo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
«España es un estado de derecho consolidado», ha afirmado en un corto comunicado.
«Desde la Fiscalía española no se puede sino reconocer la labor de las y los fiscales y la judicatura en la preservación y amparo de los derechos constitucionalmente reconocidos a toda la ciudadanía», ha añadido.
Puigdemont ha pedido, en dicho mensaje, una ley de amnistía más sólida y sin fisuras para frenar la «pulsión patriotera» de jueces y fiscales.
«Es lo que hemos intentado todas estas semanas, hasta el final; nadie podrá decir que no hemos tenido voluntad de llegar a un acuerdo. Pero no lo hemos conseguido», ha destacado después de que Junts hubiera votado en contra de la propuesta de la tramitación de la ley de amnistía.
Según Puigdemont, ahora disponen de unos días para «rehacer el consenso inicial» para lograr una amnistía que incluya a todo el mundo, compromiso del que no se moverán, ha avisado.
El partido independentista Junts, del que es líder, exigía que el proyecto de ley de amnistía, que esta formación había votado cuatro veces a favor durante la tramitación parlamentaria, quería el blindaje completo para los delitos de terrorismo o de traición. Con ello se aseguraría el regreso «seguro» de Puigdemont a España después de casi siete años huido, buscado por la justicia española.
