Los exámenes que ha venido realizando el Tribunal de Cuentas a los contratos de emergencia suscritos por el Gobierno en los años de la pandemia del coronavirus revelaron retrasos en los plazos de ejecución, que afectaron a uno de cada cinco firmados, y empresas que coparon buena parte de las adjudicaciones, aunque no hace públicos sus nombres.
Estos contratos han vuelto a ponerse en entredicho con la investigación judicial en torno a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una de las empresas que participó en esos procesos y que tenía contactos con Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
En total, el Tribunal de Cuentas ha realizado siete fiscalizaciones sobre contratos de emergencia suscritos por distintas administraciones públicas y sólo le resta un último informe balance, prometido para este año, que aportará una visión global y comparativa de todos los informes aprobados sobre las distintas administraciones públicas en esos meses de Covid 19.
En su séptimo informe revisó contratos de once Ministerios del anterior Gobierno de coalición, entre ellos el de Sanidad, que firmó la mayoría de contratos, y el de Transportes, en el que estuvo al frente Ábalos y con Koldo García de asesor. También analizó las adjudicaciones de Agricultura, Asuntos Económicos, Consumo, Derechos Sociales, Hacienda, Inclusión y Seguridad Social, Industria, Transición Ecológica y Trabajo, así como sus organismos autónomos.
En total, en ese último informe se fiscalizaron 133 contratos del total de los 152 comunicados, lo que representa el 88%, por una cuantía de 526 millones de euros, el 99% del importe total de la contratación de este tipo (529 millones de euros).
El grueso fueron los contratos adjudicados por el Ministerio de Sanidad, que ascendieron a 513 millones de euros, de los que se han fiscalizado el 99% de ese importe.
Uno de los principales problemas detectados en el informe, recogido por Europa Press, se refiere a los plazos de ejecución, pues en un 22% de los casos el plazo no quedó expresamente determinado o se fijó de manera flexible o poco precisa. Y en un 9% de los contratos fiscalizados se incumplió el plazo de un mes establecido legalmente para el inicio o no quedó acreditado el momento de dicho inicio.
CONTRATOS FALLIDOS
En cuanto a la ejecución de los contratos de mayor importe, correspondientes al Ministerio de Sanidad, denunció diversas incidencias, tales como resoluciones de contratos, retrasos en la ejecución que motivaron la ampliación de los plazos y demoras en el cumplimiento de los nuevos plazos, así como requerimientos de reposición de diverso material defectuoso o de reintegro de su importe, en algunos casos aún pendientes de ejecutar. En algunos supuestos en que el material no cumplía los requisitos, no se exigió la reposición del material.
Respecto al grado de concentración de adjudicatarios, cuatro contratos de mascarillas quirúrgicas por 217 millones de euros fueron adjudicados a una misma empresa, cuyo nombre no se facilita.
Además, tres contratos de suministro de productos se adjudicaron a una empresa a la que el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) del Ministerio ya había otorgado otros dos contratos, siendo el importe global de los cinco contratos de 187 millones de euros.
En todo caso, la institución fiscalizadora reconoce que todos los contratos covid se celebraron en el contexto de una crisis sanitaria mundial sin precedentes, en la que los gestores públicos se enfrentaron a un mercado productor español deficitario para atender las necesidades, por lo que hubo de acudirse al mercado internacional, fundamentalmente asiático, con los precios al alza debido al incremento de la demanda.
Su conclusión general es que el objeto de los contratos de emergencia «estuvo directa o indirectamente vinculado a la adopción de medidas de protección del contagio del COVID-19, salvo en algunos casos en que no se aprecia dicha vinculación o la motivación de la emergencia adoleció de defectos».
CONTRATOS JUSTIFICADOS Y BIEN PLANTEADOS
Respecto a la preparación de los contratos, la mayoría estuvo bien diseñado, y sólo en un 7% de los fiscalizados sí se advirtió cierta indeterminación de las prestaciones que constituían su objeto.
Además, en todos los contratos, salvo en cinco, el objeto social de las empresas adjudicatarias tenía relación con el suministro que se les adjudicó.
Dada la situación de emergencia, el tribunal considera una buena práctica dejar constancia en el expediente de la capacidad y solvencia del contratista libremente elegido, lo que se produjo en un 34% de los contratos fiscalizados.
