La propuesta impulsada por el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) para que pueda considerarse «delito flagrante tanto el de la okupación como la violación del domicilio», con lo que se elimina la «vocación de permanencia» que impide eliminar al okupa.
La propuesta sobre okupación ilegal del ICAB incluye la adopción de una medida cautelar de desalojo inmediato en un plazo de 48 horas cuando el ocupante no puede aportar un título de posesión legítimo, cuando la okupación implique poner en peligro la vivienda y/o el edificio o cuando provoque problemas de convivencia vecinal.
Así lo ha expuesto Vicente Pérez Daudí, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona y director del Observatorio para la Transición a la Ciberjusticia del ICAB, durante la presentación realizada hoy en el colegio barcelonés junto con Cristina Vallejo, abogada y coordinadora de Formación del ICAB.
Vallejo ha resaltado que las denuncias por okupación de inmuebles han pasado de 10.619 en 2017 a 17.274 en 2021, según datos facilitados por el Ministerio del Interior, y ha alertado del incremento durante los últimos cinco años, que ha sido de un 62,67%.
También ha explicado que se tarda una media de 20 meses en poder recuperar la posesión okupada ilegalmente porque no existen mecanismos ágiles y eficaces en la legislación actual española, mientras que en otros países la recuperación es viable en un plazo de 24 a 48 horas.
Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona también se ha resaltado que Cataluña es una de las comunidades autónomas con mayor índice de okupaciones ilegales, ya que de las 10.220 que se registraron durante el primer semestre de 2022 en España casi la mitad (4.341) se produjeron en Cataluña.
Por esa razón, el ICAB ha elaborado esta propuesta que después ha presentado al delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto.
