La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el director de una residencia de Puente Arce por la muerte de dos ancianas y las lesiones que sufrieron otras cuatro en 2020, a causa de una fuga de monóxido de carbono.
El director del geriátrico será juzgado este miércoles en la Audiencia de Cantabria, por homicidio y lesiones, ambos por imprudencia grave, junto al instalador la caldera y un técnico, que se enfrentan a peticiones de pena de cuatro y tres años de cárcel, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia.
En febrero de 2020 se produjo en la residencia una fuga de monóxido de carbono, un gas letal, que procedía de una de las calderas, explica la fiscalía en el escrito de acusación.
El escape, que duró dos días, se filtró al hueco de la chimenea y de ahí a los canales de ventilación, para llegar hasta las habitaciones de algunas residentes.
Dos de ellas fallecieron y otras cuatro sufrieron lesiones que precisaron tratamiento médico posterior al de urgencias.
El escape se produjo por la acción y la omisión humanas» de los acusados
El fiscal considera que el escape de monóxido de carbono «se generó por la acción y la omisión humanas» de los acusados.
Uno de ellos había sido el encargado de reemplazar una caldera estropeada por otra, «instalándola incorrectamente y sin seguir las instrucciones del fabricante», ya que la nueva estaba preparada para gas natural y debía ser adaptada para gas propano, algo que el técnico no realizó, «provocando con ello una mala combustión”.
Además, señala que el mantenimiento en el cuarto de calderas fue defectuoso, porque los técnicos que mensualmente llevaban a cabo esas labores «nunca repararon la defectuosa conexión que existía entre la conducción de salida de humos de las calderas y la propia chimenea».
Y eso, añade, a pesar de «estar a la vista en el propio cuarto de calderas el ‘apaño’ que había realizado la propiedad desde hacía ya varios años».
Cinta americana y una red metálica
Se refiere así a que la propiedad había realizado una «defectuosa reparación» de la conexión entre la conducción de salidas de humos de las calderas y la propia chimenea, «colocando cinta americana y una red metálica, sin encomendar su adecuada reparación a técnicos especializados».
El fiscal considera también que existió una «defectuosa contratación» por parte de la propiedad del mantenimiento de las chimeneas, al no constar que se hubiera contratado a una empresa especializada.
Además de las penas de cárcel, solicita la inhabilitación para ejercer sus profesiones durante cuatro años, para el director y el instalador, y tres años para el técnico y que indemnicen conjuntamente a las familias de las fallecidas y las lesionadas con 81.500 euros.
Las defensas
Por su parte, la defensa de los técnicos considera que no existió negligencia grave y sí «una cadena de irregularidades y errores, todos ellos menores y cada uno de ellos atribuible a una persona distinta, y es la producción conjunta de todos ellos lo que provoca el fatal desenlace».
Finalmente, la defensa del administrador de la residencia señala que éste no ha intervenido en los hechos relatados, por lo que no ha cometido los mismos.
