Buscar piso en ciudades como Madrid o Barcelona se está volviendo todo un reto. Lo más fácil de encontrar son zulos pequeños sin luz a precios estratosféricos donde el espacio es tan reducido que mientras estás sentado en la cama, te puedes cocinar un huevo frito.
La situación es tan crítica que hasta hace unos días el ”piso” más barato que había en Madrid era de 8 metros cuadrados donde la ducha estaba situada bajo la vitrocerámica, sin váter y con un microondas casi a la altura del techo.
Se alquilaba por 400 euros, se pedía un mes de fianza y estaba situado en la Calle Oviedo Nº9.
Un anuncio de Idealista que fue muy polémico en X -antiguo Twitter- y que incluso una de las usuarias de esta red social comentó que ella vivió en ese bloque y que el “piso” que se ofertaba era realmente el trastero.
El tweet acumula casi seis millones de visualizaciones y va acompañado de mensajes como: «He visto agujeros de tortura psicológica para presos políticos más grandes y con más comodidades».
Pero ¿tiene Idealista algún tipo de responsabilidad por no revisar si sus publicaciones cumplen con la normativa?
Lo primero que hay que saber es que ello se regula en la Ley 34/2022 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y en el Reglamento (UE) 2022/2065, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022.
En ella, explica el abogado Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados, se regula la responsabilidad de los prestadores de servicios que, como Idealista, se limitan a almacenar y alojar los datos facilitados por un usuario.
Y tal y como explica el experto en contencioso-administrativo, «Idealista no está obligado a ejercer un control previo sobre la veracidad, licitud, pertinencia o adecuación de los materiales que se publican en su web o en la aplicación dado que la misma es almacenada a petición de los usuarios».
Sí pueden ser sancionados si la Administración les pide que borren el piso y no lo hacen
Ahora bien, sí puede ser sancionado si, por ejemplo, una Administración le pide eliminar un anuncio porque los datos aportados por esa tercera persona son ilícitos y no lo hace.
En ese caso se pueden enfrentar a diversas multas.
Ellas se encuentran reguladas en el artículo 38 y siguientes de la Ley 34/2022, de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en la cual se establecen por ejemplo multas de 150.001 hasta 600.000 euros para las infracciones tipificadas como muy graves.
