Jesús M. Sánchez es un reputado mediador, conocido por un talante que tiende puentes entre partes enfrentadas. Foto: ICAB.
El decano del ICAB se ofrece para mediar en el conflicto entre el Departamento de Justicia y los funcionarios de prisiones
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19/3/2024 09:56
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Actualizado: 19/3/2024 12:13
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Jesús M. Sánchez, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) se ha ofrecido públicamente para mediar en el conflicto que enfrenta a la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria, del que dependen las Instituciones Penitenciarias de Cataluña, y los funcionarios de prisiones.
«Ante la preocupante situación que se vive en los centros penitenciarios de Catalunya, consideramos que el mejor camino para abordar la defensa de los derechos y las necesidades de las personas es mediante el diálogo», dice un comunicado del ICAB.
«Con ello, realizamos un llamamiento público para acoger este necesario diálogo entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya y el personal laboral y el cuerpo de funcionarios y funcionarias de los centros penitenciarios», añade el Colegio barcelonés.
Siete prisiones de Cataluña no abrieron las celdas de los presos este lunes (con unos 6.000 afectados en total) a causa de las protestas de los funcionarios del sector, que mantienen movilizaciones desde el jueves de la semana pasada a raíz del homicidio de una cocinera de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona) a manos de un preso que después se suicidó.
Ayer las prisiones de Mas d’Enric, Ponent (Lleida), Puig de les Basses (Girona), Lledoners y Wad-Ras (Barcelona), no abrieron las puertas de los internos, según fuentes de la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria.
«La abogacía, entre otras funciones, tiene la responsabilidad de fomentar la paz social y proteger los derechos de la ciudadanía en todo momento. Por todo lo anterior, consideramos que un proceso de mediación entre las partes en conflicto nos puede conducir hacia soluciones que mejoren y fortalezcan nuestra sociedad afrontando retos tan relevantes como la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos laborales», concluye el ICAB.
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