El Defensor del Pueblo ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que aplique las herramientas legales disponibles con el fin de «evitar actuaciones dilatorias de mala fe» por parte de abogados, ya que «perjudican el derecho a la justicia sin dilaciones indebidas».
«Que el Consejo General del Poder Judicial adopte las medidas oportunas para garantizar que los magistrados y jueces ejercen debidamente la función de ordenación del proceso, asegurando el principio de buena fe procesal, y que apliquen las herramientas legales de las que disponen para evitar actuaciones dilatorias de mala fe de los letrados, que perjudican el derecho a la justicia sin dilaciones indebidas», dice la recomendación del Defensor del Pueblo.
Así lo indica el órgano que dirige Ángel Gabilondo en su Informe Anual de 2023 publicado ayer.
En este sentido, el Defensor del Pueblo recomendó el año pasado al órgano de gobierno de los jueces que tomase las medidas necesarias para garantizar que los magistrados y jueces ejerzan debidamente la función de ordenación del proceso para asegurar el principio de buena fe procesal.
«Todo ello en el marco de las competencias que puede ejercer el Consejo General del Poder Judicial, limitado a su vez por la independencia de que gozan jueces y magistrados», apostilla.
QUEJAS ANTE LOS COLEGIOS Y LA ADMINISTRACIÓN
El órgano también hizo recomendaciones a los colegios de abogados, explicando que los supervisa porque son administraciones corporativas.
Recoge en su informe que son «habituales» las quejas que recibe de ciudadanos disconformes por el archivo de sus quejas a los colegios de abogados por la actuación de los letrados e indica que «están en curso actuaciones para determinar si se está cumpliendo adecuadamente con la normativa de protección de los consumidores en este ámbito».
Asimismo, Gabilondo recomendó al CGPJ que adopte medidas para mejorar la información que se da a la ciudadanía sobre cómo es el proceso de tramitación de quejas y sugerencias en sus relaciones con la Administración de Justicia.
Tiene que ser «de forma accesible y sencilla, tanto en la propia página web del Consejo, como en el material divulgativo del que se dispone en las oficinas de atención al ciudadano o en los servicios encargados de dar este servicio en los órganos judiciales o en los de gobierno», pide en el documento.
