El Tribunal Supremo ha ratificado como nulos los recortes salariales de Ryanair a sus empleados a partir de julio de 2020, coincidiendo con la pandemia.
El alto tribunal, ratifica así la sentencia establecida por la Audiencia Nacional el 18 de octubre de 2021 que daba la razón a los sindicatos Sitcpla y USO-Sector Aéreo, frente a Ryanair, declarando nula una modificación sustancial impuesta por la compañía el 1 de agosto de 2020 en la que aplicaba recortes de un 10% en los salarios a más de 1.500 empleados, entre tripulantes de cabina y pilotos.
El organismo responde así al recurso de casación presentado por la misma Ryanair ante su disconformidad con la sentencia de la Audiencia Nacional, que ya declaró nula esta decisión tras una demanda del sindicato.
De esta forma, tras cuatro años de batallas judiciales, Ryanair ha agotado los caminos legales para tratar de imponer su criterio, mediante el cual, amparándose en el descenso de facturación provocado por la crisis sanitaria causada por la pandemia de covid-19, impuso reducciones salariales del 20% para pilotos y del 10% para tripulantes de cabina.
Un «hito en la lucha por el reconocimiento de los derechos del colectivo»
Para USO-Sector Aéreo, el fallo del Supremo «marca un nuevo hito en la lucha por el reconocimiento de los derechos del colectivo de tripulantes de cabina». Así, señalan que el poder judicial ha vuelto a reconocer las «reiteradas vulneraciones» de derechos que comete Ryanair.
El sindicato recuerda que, durante la pandemia, la irlandesa aplicó desde julio de 2020 un recorte salarial del 10% a los tripulantes de cabina y del 20% a pilotos; modificó el patrón de trabajo, pasando a 5 días de trabajo y 2 de descanso (antes 5/3), y suprimió un bonus de productividad, de 150 euros mensuales.
Así, tras la sentencia del Supremo, esperan que el cambio del patrón de trabajo se lleve a cabo «de inmediato».
USO destaca que «preocupa» la actitud de algunas compañías, como Ryanair, que siguen una estrategia «centrada en vulnerar el ordenamiento jurídico» con la «esperanza» de que las decisiones judiciales se acaben produciendo años después, por lo que consiguen «una ventaja competitiva a corto plazo».
