El sindicato de funcionarios de prisiones, ‘Tu Abandono Me Puede Matar» (TAMPM) ha presentado un recurso administrativo contra la Subdirección General de Recursos Humanos por una presunta vulneración de la libertad sindical, que conlleva la negociación colectiva.
Dicha subdirección dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Y es que, el motivo por el cual los funcionarios han decidido presentar este recurso administrativo es porque se ha aprobado el Calendario Laboral del Centro Penitenciario de Las Palmas II sin haber contado con su participación.
En concreto, con este recurso, el sindicato reclama que se declare nulo de pleno derecho dicho acto de aprobación por lesionar sus derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
Y, también, «por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido por ir precedida de una negociación colectiva viciada en la que no se ha tenido en cuenta la representación de TAMPM».
La Administración justificó su acción alegando que eran reuniones de la Mesa Delegada, aplicando de manera excluyente el apartado 6 del Reglamento de Funcionamiento de la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias.
Consideran que la exclusión del sindicato no está justificada
No obstante, Administrativando Abogados, el despacho que está llevando el recurso, ha comentado que dichas reuniones no eran de la Mesa Delegada, sino que eran unas reuniones específicas en los establecimientos penitenciarios para concretar los calendarios laborales. Por lo que la exclusión del sindicato Tu Abandono Me puede Matar no está justificada, explican.
Por su parte, Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de dicho bufete, ha explicado a Confilegal que este es sólo el primer paso de «una larga lista de recursos administrativos» que presentarán «contra todos los actos de aprobación del Calendario Laboral de los distintos Centros Penitenciarios».
El letrado defiende que el sindicato puede tener participación en las reuniones porque la dirección de los centros «debe poder tratar con todas las Organizaciones sindicales la implantación mínima requerida teniendo legitimación negocial como prevé la Ley Orgánica de Libertad Sindical».
Además, Benítez Ostos anuncia que si los recursos no son estimados en vía administrativa, acudirán a la vía judicial.
