El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, opina que la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha cambiado «ahora» su jurisprudencia introduciendo «otros criterios diferentes a los que marca específicamente el Estatuto» tras anular este martes el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y después de que el pasado noviembre el mismo tribunal apreciara «desviación de poder» por su parte en el nombramiento previo de su antecesora como fiscal togada de la Sala de lo Militar.
A su juicio, la exigencia de la Sala Tercera respecto a los nombramientos del fiscal general «ha subido a la disputa jurídica».
«Prácticamente el fiscal general podía nombrar a la persona que considerara más idónea y más conveniente porque los requisitos legales estaban ahí», ha asegurado en una entrevista concedida a TVE.
Eso sí, García Ortiz ha apuntado que la sentencia del TS se ejecutará, se asumirá y se leerá lo que quiere decir, aunque previsiblemente, ha augurado, se tendrá que «volver al lugar de origen», es decir, al inicio del Consejo Fiscal para «examinar si esa incompatibilidad existe o no».
En este sentido, el fiscal general ha defendido su posición sobre el nombramiento de Delgado para el cargo asegurando que tomó esta decisión ya que la «incompatibilidad era tan evidente que no existía».
Según ha dicho después, plantearla al Consejo Fiscal «no era más que una táctica dilatoria» para impedir que fuera nombrada en la legislatura.
«Esa es la base de toda discusión», ha argumentado.
FALLO ESPERABLE
Preguntado por si se esperaba este fallo por parte del Tribunal Supremo sobre Delgado, García Ortiz ha apuntado que no le ha causado sorpresa porque precisamente la línea de exigencia de la Sala Tercera respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es «muy exigente» y «muy distinta a toda la trayectoria y a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía a tener», por lo que no ha causado «excesiva sorpresa».
En cuanto a si espera también un nuevo varapalo por parte del Consejo Fiscal sobre si existe incompatibilidad o no en el nombramiento, García Ortiz ha insistido en que entiende que «no existe», si bien deberá acatar lo que decida el Consejo Fiscal porque es «decisorio en nuestro país».
«Tiene muy pocas funciones decisorias, muy pocas, pero esta es una de ellas», ha explicado.
Asimismo, el fiscal general del Estado ha asegurado que en cuanto tenga el fallo se podrá «en marcha» para cumplir lo que indique la sentencia.
«Yo creo que tenemos que hacerlo de manera razonable en el menor tiempo posible», ha relatado.
Preguntado por si ha tenido contacto con Dolores Delgado tras conocerse el fallo del TS, García Ortiz ha afirmado que ella se encuentra bien aunque «preocupada» por la Fiscalía de Memoria Democrática, que es «pionera en el mundo» y que da reconocimiento y dignidad a las víctimas.
INSISTE EN QUE LA NOTA DE PRENSA SOBRE EL NOVIO DE DÍAZ AYUSO ESTUVO BIEN
Por otra parte, García Ortiz ha insistido en su defensa de la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitiera a trámite la querella contra dos fiscales por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos.
«No podemos consentir que se dé una información falsa sabiendo nosotros que esa información es falsa», ha asegurado García Ortiz, asumiendo, otra vez, en primera persona, el comunicado, recalcando además que «no se puede intimidar» a dos fiscales –en referencia a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto Torres– «en el ejercicio de su profesión por quienes presuntamente han cometido los delitos».
García Ortiz ha relatado que la Fiscalía de Madrid optó por lanzar una nota de prensa tras una «información intencionadamente falaz» emitida por un medio de comunicación que recoge un «mail» de un fiscal al abogado de la pareja de Ayuso y además, según su versión, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, «dice que la Fiscalía ha ofrecido el pacto que decía esa noticia» y «que sus superiores están impidiendo» que ese acuerdo «se produzca».
El fiscal general del Estado ha dicho que la Fiscalía también tiene «una función legal» establecida en el artículo 5 del Estatuto del Ministerio Fiscal que es la de «informar a la opinión pública, los ciudadanos y los periodistas» una «información veraz».
«Es un derecho básico (…) para que estas informaciones, intencionalmente falaces, no prosperen», ha dicho García Ortiz.
Por último, García Ortiz ha reiterado que la nota fue «proporcionada y moderada» pues, en su opinión, en el documento que acompañaba ese correo «sí había múltiples datos fiscales» que de haberlos hecho público se hubieran excedido.
«Pero no lo hicimos, simplemente dijimos lo que nos decían que ocurría, nada más», ha zanjado.
