La Fiscalía Europea ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado ‘caso Koldo’ que le envíe más documentación para continuar con las pesquisas relativas a los contratos firmados por Baleares y Canarias con la empresa principal de la presunta trama en la que habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
En un decreto firmado el pasado 9 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, el órgano comunitario reclama en concreto un informe de septiembre de 2022 –referente a los contratos adjudicados a Baleares y al Servicio Canario de Salud–, otros dos entregados en 2023 a la Fiscalía Anticorrupción, un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las intervenciones telefónicas y los informes posteriores de la Agencia Tributaria.
Los fiscales han extendido su petición al titular del Juzgado Central de Instrucción 2, Ismael Moreno, «a la vista del contenido» del atestado de la UCO en el que se recoge la detención de 14 personas y la práctica de 26 registros en el marco de la investigación que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción Número 2.
El órgano comunitario investiga un presunto fraude de subvenciones desde el pasado marzo, cuando anunció que abría diligencias tras recibir documentación por parte del Ministerio Público español.
«En base a la información recabada, se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea», ha señalado.
CINCO CONTRATOS POR 16 MILLONES
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción española remitió documentación a la Fiscalía Europea el 8 de junio de 2023 a través de un decreto «al afectar a fondos de la Unión Europea».
Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que los contratos en cuestión serían varios suscritos con las Comunidades Autónomas entonces presididas por Francina Armengol, actualmente presidenta del Congreso de los Diputados, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
En concreto, se trata de cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público español.
En el caso de Canarias, el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros.
El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.
Respecto a la Administración balear, el contrato adjudicado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares se firmó en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.
