os presidentes con Vicente Guilarte, presidente interino del CGPJ: De izquierda a derecha en la primera fila, Vicente Rouco (Castilla-La Mancha); Lorenzo del Río (Andalucía); Guilarte; José Luis Concepción (Castilla-León); Pilar de la Oliva (Comunidad Valenciana); detrás, segunda fila, Jesús María Barrientos (Cataluña); Miguel Pascual del Riquelme (Murcia) y María Félix Tena Aragón (Extremadura); en la tercera fila, Celso Rodríguez Padrón (Madrid); Ignacio José Subijana Zunzunegui (País Vasco); José María Gómez y Díaz-Castroverde (Galicia); Javier Marca Matute (Rioja) y Joaquín Cristóbal Galvé Sauras (Navarra); y en la cuarta y última, José Luis López del Moral (Cantabria); Juan Luis Lorenzo Bragado (Canarias); Manuel Bellido Aspas (Aragón) y Jesús María Chamorro González (Asturias). Foto: CGPJ.
Los presidentes de los TSJ plantean la necesidad de recuperar la confianza pública a través de la comunicación
|
15/5/2024 19:02
|
Actualizado: 16/5/2024 11:06
|
Ante este contexto de creciente desconfianza y percepción negativa hacia la justicia, 16 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) consideran esencial gestar una estrategia de comunicación robusta y transparente con el objetivo central de recuperar la confianza pública en el sistema judicial español.
Así lo han expresado en las conclusiones que han culminado hoy los tres días que han comprendido las XIX Jornadas de Presidentes de TSJ celebradas en Granada entre el lunes pasado y este día.
A las mismas, inauguradas por el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y clausuradas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han asistido Lorenzo del Río (Andalucía) –el anfitrión–; Manuel Bellido Aspas (Aragón); Jesús María Chamorro González (Asturias); José Luis López del Moral (Cantabria); Juan Luis Lorenzo Bragado (Canarias); José Luis Concepción (Castilla-León); Vicente Rouco Varela (Castilla-La Mancha): Jesús María Barrientos Pacho (Cataluña); Pilar de la Oliva (Comunidad Valenciana); María Félix Tena Aragón (Extremadura); José María Gómez y Díaz-Castroverde (Galicia); Celso Rodríguez Padrón (Madrid); Joaquín Cristóbal Galvé Sauras (Navarra); Javier Marca Matute (Rioja); e Ignacio José Subijana Zunzunegui (País Vasco).
En esta ocasión el decimoséptimo presidente, Carlos Gómez, de Islas Baleares, no pudo asistir por encontrarse en el extranjero.
En las mismas, expresan su preocupación por la situación de la justicia, afectada por un diseño constitucional y organizativo deficiente, así como por una «politización real o aparente».
RESOLVER LA CRISIS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
E instan a los responsables políticos a culminar, con consenso y sensibilidad, la modernización de la justicia, destacando la necesidad de reforzar el poder judicial, resolver la crisis institucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vigente desde 2018 –lleva 5 años y 5 meses sin renovarse– y llevar a cabo una reforma profunda del sistema judicial para solucionar sus déficits estructurales, organizativos, legislativos y tecnológicos.
La pérdida de confianza pública no solo debilita el sistema judicial, sino que también pone en riesgo la percepción de imparcialidad y la eficacia de la justicia, recuerdan.
Para hacer frente a esta situación de deterioro, los presidentes identifican varios mecanismos que son necesarios para mejorar la imagen del sistema judicial ante la sociedad, de los cuales el de la comunicación emerge como un elemento clave. Es, de hecho, una recuperación de la política de comunicación que implementó el CGPJ que presidió Francisco Hernando (2001-2008), que continuaron sus sucesores Carlos Dívar (2008-2012) y Gonzalo Moliner (2012-2013) y que abandonó su sucesor, Carlos Lesmes (2013-2022).
Para ello, proponen una serie de medidas tanto internas como externas:
Medidas Internas: Incluyen la divulgación de los principios de ética judicial asumidos por el Pleno del CGPJ de 20 de diciembre de 2016 que inciden de manera relevante en la imagen del juez ante la sociedad.
Medidas Externas: Las propuestas incluyen fortalecer el programa formativo “Educar en Justicia” para acercar a la ciudadanía el funcionamiento del sistema judicial, y reforzar la actuación de las Oficinas de Comunicación del CGPJ con una política de comunicación proactiva.
Además, sugieren que se hagan campañas divulgativas con una finalidad pedagógica sobre la función judicial y actividades formativas sobre habilidades de comunicación dirigidas a los presidentes de los TSJ.
PREOCUPACIÓN POR LA JUBILACIÓN DE UN TERCIO DE LA CARRERA EN 2030
Los 16 presidentes de TSJ ponen también de manifiesto su preocupación sobre el futuro de la carrera judicial y, específicamente, por las cercanas jubilaciones de muchos de los jueces y magistrados.
Según las proyecciones contenidas en el Plan Estratégico elaborado por el CGPJ, se espera que aproximadamente 1.764 jueces se jubilen para el año 2030. Esta cifra representa alrededor del 33 % de una plantilla que roza los 5.400 jueces en la actualidad.
Este fenómeno se debe en gran medida a que muchos jueces pertenecen a la generación del «baby boom» y alcanzarán la edad de jubilación en los próximos años
Para abordar este desafío, los 16 presidentes de TSJ consideran imperativo que cada año se realicen convocatorias de oposición de entre 310 y 320 plazas para jueces, además de aquellas correspondientes a los concursos del cuarto turno.
Esta medida no solo busca paliar el déficit, sino también garantizar que la cobertura de vacantes en la Carrera Judicial se rija por los principios de mérito y capacidad. Es crucial que los sistemas de oposición para el turno libre y concurso para el cuarto turno sean respetados, evitando recurrir a sistemas de selección que no cumplan con estos principios.
REFORMAR LA JUSTICIA INTERINA
Los máximos responsables de los 16 TSJ consideran una anomalía que en 2023 un 11,5 % de las resoluciones totales fueron dictadas por jueces y magistrados suplentes, «configurándose así dos clases de justicia: la profesional y la no profesional».
Este fenómeno, en ocasiones, responde a causas estructurales relacionadas con el déficit de jueces titulares. La primera solución para este problema pasa, consideran, por aumentar el número de plazas judiciales de manera estructural.
Frecuentemente, la necesidad de jueces sustitutos y magistrados suplentes se debe a cubrir bajas, licencias o vacancias temporales de los titulares. Esta problemática podría manejarse mejor en escenarios organizativos con concentración de jueces y magistrados, como los tribunales de instancia.
Sin embargo, también se debe explorar la posibilidad de un mayor aprovechamiento de la sustitución ordinaria realizada por jueces y magistrados titulares, haciéndola más atractiva mediante el incremento de las retribuciones, que se propone pasen del 80 % al 120 % del complemento de destino.
Esta medida resulta mucho más económica que la sustitución no profesional.
Por otra parte, consideran clave la figura del Juez de Adscripción Territorial (JAT) para dotar de flexibilidad al sistema judicial, especialmente en contextos con restricciones presupuestarias, jubilaciones masivas y la necesidad de preparar futuros tribunales. Por ello, proponen aumentar las plazas de JAT en territorios con características específicas y modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que estos jueces refuercen el sistema regularmente.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA
Una de las conclusiones más relevantes a las que llegaron los 16 presidentes sobre este aspecto fue la necesidad de unificar los sistemas informáticos de gestión judicial en todo el país.
Destacan, asimismo, la importancia de eliminar las diferencias actuales para asegurar una interoperabilidad y compatibilidad totales. Esto permitiría que los expedientes judiciales electrónicos se muevan de manera fluida entre distintos órganos e instancias judiciales.
Por lo que se refiere a la ciberseguridad, consideran que la protección de los datos contenidos en los expedientes electrónicos no solo requiere de medios técnicos avanzados, sino también de una adecuada formación y controles de trazabilidad. Este enfoque busca fortalecer la percepción de seguridad entre los usuarios del sistema judicial.
La Inteligencia Artificial (IA) también estuvo presente. Los presidentes concluyen que las herramientas de IA deben ser vistas como un apoyo a la actividad judicial, y no como una solución al exceso de carga de trabajo. La tecnología debe complementar, no sustituir, las capacidades humanas en el ámbito judicial.
NO TODOS LOS JUICIOS TIENEN QUE SER TELEMÁTICOS
Aunque los 16 presidentes de TSJ no mencionan el Real Decreto-ley 6/2023, que establece que los juicios deben ser «preferentemente» telemáticos, si lo tienen muy presente. Y subrayan que no todo tiene ser así.
«Las actuaciones procesales telemáticas contribuyen a la mejor prestación del servicio de justicia en supuestos de escasa complejidad o cuando la presencia física en el órgano judicial dificulta el acceso a la justicia, pero no deben suponer el abandono de la atención presencial al ciudadano que demanda el servicio», destacan.
Por lo que refiere a las comunicaciones electrónicas, señalan que desde el primer contacto, se debe registrar el número de teléfono móvil y correo electrónico de todas las personas involucradas en un proceso judicial. Estas serán las vías principales para las comunicaciones del órgano judicial.
En este sentido, consideran que cada municipio debe disponer de un lugar con medios suficientes para que los ciudadanos puedan realizar declaraciones judiciales sin necesidad de desplazarse, mejorando así el acceso a la justicia y reduciendo barreras logísticas.
Y proponen la creación de unidades de auxilio judicial en cada Decanato y Audiencia Provincial, equipadas adecuadamente para atender las exigencias de conexión telemática derivadas del Real Decreto-ley 6/2023.
A FAVOR DE LA COMARCALIZACIÓN DE LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
Los presidentes de TSJ, por otra parte, ven en 2024 como muy conveniente lo que ya planteó Fran Caamaño, el ministro de Justicia del PSOE en 2010: la comarcalización –o agrupación– de Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) con competencias exclusivas, comprendiendo varios partidos judiciales.
Esto supone una reorganización de la competencia geográfica de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a fin de acabar con una realidad en la que, por una parte, la mayoría de los JVM van sobrados porque no llegan a su capacidad máxima establecida y, por otra, muchos de los Juzgados Mixtos sin competencias exclusivas en violencia de la mujer, están sobrepasados de trabajo.
La iniciativa planteada en tiempos se Caamaño se encontró con la oposición de colectivos feministas que se opusieron porque, argumentaron, eso habría supuesto alejar la justicia lejos de sus domicilios. Por ello, se paró.
Los JVM están bien dotados de personal pero infrautilizados, lo que crea, a su vez, ciertos roces entre los magistrados de otras especialidades que ven que la presión de la carga de trabajo que ellos viven no afecta a sus compañeros destinados en esos órganos judiciales.
LAS CONCLUSIONES COMPLETAS
Noticias Relacionadas:
