El Consejo de Europa ha adoptado el primer tratado internacional jurídicamente vinculante destinado a garantizar el respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y las normas jurídicas democráticas en el uso de sistemas de inteligencia artificial (IA).
El tratado, que también está abierto a países no europeos, establece un marco legal que cubre todo el ciclo de vida de los sistemas de IA y aborda los riesgos que pueden plantear, al tiempo que promueve la innovación responsable.
La convención adopta un enfoque basado en el riesgo para el diseño, desarrollo, uso y desmantelamiento de sistemas de IA, lo que requiere considerar cuidadosamente cualquier posible consecuencia negativa del uso de sistemas de IA.
El Convenio Marco del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial y derechos humanos, democracia y Estado de derecho ha sido adoptado hoy en Estrasburgo durante la reunión ministerial anual del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que reúne a los Ministros de Asuntos Exteriores de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa.
La Secretaria General del Consejo de Europa, Marija Pejčinović, dijo: “El Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial es el primer tratado global de su tipo que garantizará que la Inteligencia Artificial defienda los derechos de las personas».
Y subrayó que «Es una respuesta a la necesidad de un estándar legal internacional respaldado por estados de diferentes continentes que comparten los mismos valores para aprovechar los beneficios de la Inteligencia Artificial, al tiempo que mitiga los riesgos«.
«Con este nuevo tratado, pretendemos garantizar un uso responsable de la IA que respete los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia”, concluyó.
El Comité de Inteligencia Artificial (CAI)
El nuevo tratado global, elaborado por el Comité de Inteligencia Artificial del Consejo de Europa, regula el uso de sistemas de IA tanto en sectores públicos como privados.
La convención es el resultado de dos años de trabajo de un organismo intergubernamental, el Comité de Inteligencia Artificial (CAI), que reunió para redactar el tratado a los 46 estados miembros del Consejo de Europa, la Unión Europea y 11 estados no miembros (Argentina , Australia, Canadá, Costa Rica, Santa Sede, Israel, Japón, México, Perú, Estados Unidos de América y Uruguay), así como representantes del sector privado, la sociedad civil y la academia, que participaron como observadores.
El tratado ofrece opciones para que los estados cumplan con sus obligaciones, respetando sus sistemas legales y compromisos internacionales en derechos humanos, democracia y estado de derecho.
Establece normas de transparencia, supervisión y responsabilidad, incluyendo la igualdad de género y la no discriminación. Exige medidas para proteger la democracia y los procesos judiciales, excluyendo su aplicación en defensa nacional.
También prevé un mecanismo de seguimiento y supervisión independiente para asegurar la implementación efectiva.
El tratado se firmará en Vilna el 5 de septiembre durante una conferencia de ministros de Justicia.
