La instrucción que Manuel García Castellón sobre el grupo separatista Tsunamic Democràtic por delitos de terrorismo y la supuesta implicación de los fugados Carles Puigdemont y Marta Rovira, beneficiados directos de la futura ley de amnistía, pone muy difícil las garantías que el gobierno ha dado a ambos para quedar limpios de polvo y paja judicial. De ahí el desplante de los dos ministros y el fiscal general del Estado en el acto de los procuradores. Foto: Confilegal.
Marlaska, Bolaños y García Ortiz reprueban con su ausencia el premio de los procuradores a García Castellón
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21/5/2024 02:02
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Actualizado: 21/5/2024 11:24
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Los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, excusaron su presencia –confirmada previamente– en el acto central de conmemoración del 450 aniversario del Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) para no estar presentes en la entrega del premio al magistrado Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
Los tres habían confirmado su asistencia un mes atrás, según ha podido saber Confilegal.
Estaba previsto que Grande-Marlaska recibiera el premio Convivencia y Tolerancia 2024, otorgado a la Policía Nacional por su 200 Aniversario, y que Bolaños cerrara el acto.
Sin embargo, todo se torció a partir del viernes cuando el fiscal general del Estado, García Ortiz, supo, por parte de los organizadores, que el premiado era García Castellón.
Este magistrado está siendo un auténtico dolor de muelas para el Gobierno.
La investigación que García Castellón está llevando a cabo en torno a lo sucedido el 14 de octubre de 2019, cuando la organización separatista “Tsunamic Democràtic” llevó a cabo numerosos actos de protesta en Barcelona en respuesta a la sentencia del Supremo por el “procés” que revisten naturaleza terrorista, está poniendo contra las cuerdas al proyecto de ley de amnistía del Gobierno.
Dos de los principales investigados, los prófugos Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, beneficiados directos por dicha ley, podrían ser finalmente acusados por delitos terroristas, con lo que descarrilaría la iniciativa legislativa del gobierno.
Con su ausencia, los dos ministros y el fiscal general del Estado, han querido reprobar la decisión de la procura madrileña de reconocer el trabajo de García Castellón al frente del Central de Instrucción 6.
A la cancelación de asistencia de García Ortiz le siguió la de Bolaños el fin de semana, quien colocó en su lugar al secretario de Estado, Manuel Olmedo. Éste, a su vez, canceló su asistencia ayer por la mañana.
Grande-Marlaska hizo lo propio el lunes, también por la mañana. Pasó la pelota al director general de la Policía, Francisco Pardo, quien, a su vez, excusó su asistencia al mediodía, mandando en su lugar a la comisaria principal Eulalia González.
UN ACTO BRILLANTE
A pesar de las tres ausencias, el acto, al que asistieron 400 personas, no deslució en absoluto. La grandiosidad del lugar –el Teatro Real–, y con la asistencia de la mayor parte de las autoridades relevantes de la judicatura y del poder judicial, el evento resultó un éxito.
García Castellón recibió la Balanza de Oro –consistente en una placa–, en reconocimiento «de su dilatada labor y su constante contribución a la defensa del Estado de Derecho y la Constitución como marco fundamental de los derechos y libertades de los ciudadanos».
El magistrado, después de recibir el galardón de manos del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, y del decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Alberto García Barrenechea, articuló un discurso que trató de no ser polémico. Dijo ver con buenos ojos que los fiscales asuman la instrucción, como ya ocurre en el resto de los países del entorno español.
“Pero si se hace, los fiscales deberían tener un Estatuto que impida la arbitrariedad y la influencia nefasta del resto de los poderes”, advirtió.
«Con este humo que señala fuego, yo pondría mis avisos para que, si se hace que pase del juez de instrucción al fiscal –que tan magníficos profesionales tiene–, estos tengan un estatuto que impida la arbitrariedad, que impida que haya una influencia nefasta de los distintos poderes», añadió.
García Castellón, quien se jubila el 16 de octubre próximo, al cumplir 72 años, tras 46 años de servicio –30 de ellos en la Audiencia Nacional–, calificó el sistema democrático de “casi perfecto”. Sin embargo, denunció los ataques que están recibiendo los jueces.
“Son descalificaciones ‘ad hominem’. Se trata de destruir a la persona, para que se aburra, para que se canse, para que lo deje. En los países anglosajones esto que está ocurriendo aquí es inconcebible”, explicó.
Que dichos ataques queden impunes tiene consecuencias no solo para el juez sino también para la sociedad, recordó.
“Eso es terrible. Porque desarma a los jueces y empuja a la ciudadanía a desconfiar. Un Estado democrático fuerte debe procurar que las generaciones que vienen no reciban ese mensaje tan negativo”, subrayó.
El magistrado dedicó su premio al desaparecido vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, quien era como un padre para él, y al también magistrado emérito Juan Segoviano, progenitor de la magistrada del TC, María Luisa Segoviano, presente en el acto.
PREMIOS CONVIVENCIA Y TOLERANCIA 2023 Y 2024
Estos dos premios correspondieron al Consejo General de los Procuradores de España (CGPE). El primero fue concedido a Mensajeros de la Paz y a su fundador, el padre Ángel, por su incansable y constante labor en aras de conseguir la promoción humana y social de los núcleos más desfavorecidos de la sociedad.
El premio le fue entregado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, y por Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE.
El padre Ángel, siempre con su sempiterna corbata y bufanda rojas, agradeció el premio recordando que llevan más de 60 años, que están implantados en 76 países y que asisten a más de 70.000 niños y 30.000 personas mayores.
“No podemos dar la espalda a los migrantes, a los que pasan frío, a los niños que pasan hambre”, dijo. Para recordar a continuación unas palabas del Papa Francisco: “Todos somos hijos de Dios. Dejen de pelearse, ámense”.
Para el padre Ángel el problema de esta sociedad “es que nos queremos poco. Tenemos que querernos más”, concluyó.
La comisaria principal del Cuerpo Nacional de Policía, Eulalia González Peña, después de excusar a su director general, recordó que el 13 de enero de 2024 se celebró el 200 aniversario del nacimiento de la Policía.
“No solo prevenimos los delitos y perseguimos a los que lo cometen. La Policía Nacional también ayuda a la ciudadanía, como se vio con la pandemia, el volcán de la Palma o Filomena”, recordó. “Somos 74.000 policías al servicio de los ciudadanos en toda España”.
Durante el acto, también se han entregado los diplomas a 40 colegiados que han cumplido 25 años ejerciendo la profesión y a dos que han llegado a los 50 años cumpliendo como procuradores.
El acto, que ha estado conducido por la periodista Rocío Delgado, ha contado con la presencia del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, que cerró el acto, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, los vocales José María Macías, Juan Manuel Fernández, Clara Martínez de Careaga y Álvaro Cuesta.
También los magistrados del TC, con su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, Juan Carlos Campo, Enrique Arnaldo, María Luisa Segoviano y César Tolosa.
Y del Supremo, Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, Pablo Llarena, Carlos Lesmes, Ana Ferrer, Susana Polo, Pilar Teso y José Manuel Bandrés.
Enrique López, de la Audiencia Nacional, y Gema Espinosa, de la Audiencia Provincial de Madrid.
Por la parte política, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, de Justicia y Víctimas, Carmen Martín García-Matos, la diputada por el PP, María Jesús Moro, la senadora por esa formación, y presidenta de la Comisión de Justicia, Yolanda Ibarrola, y el abogado y diputado por Vox, Javier Ortega Smith-Molina.
También han asistido la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, la decana de los Registradores, María Emilia Adán, el presidente del Consejo General de los Colegidos de Graduados Sociales, Joaquín Merchán y la vicedecana del Colegio de la Abogacía de Madrid, Isabel Winkels.
Cerró el acto una actuación de la soprano Ainhoa Arteta.
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