La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha concedido esta semana amparo colegial a siete abogados que denunciaron vulneraciones de su derecho de defensa.
De los ocho amparos sometidos a consideración, sólo uno no ha sido aceptado. La Junta entendía que no concurrían los presupuestos normativos al tratarse de una cuestión particular del solicitante y todavía sub iudice.
Según han informado, han concedido amparo colegial a un abogado que había denunciado ser objeto de insultos, amenazas y ridiculización por parte de agentes de la Guardia Civil mientras prestaba asistencia a un menor. Según la denuncia, los agentes negaron su identificación como letrado, lo insultaron gravemente, lo amenazaron con arrestarlo y ridiculizaron su actuación profesional delante de otros presentes.
También a tres abogados designado de oficio, quien denunció haber sido víctima de acoso constante y prolongado por parte de un cliente.
El quinto amparado a un abogado que fue sancionado por agentes de la Policía Nacional en una céntrica Comisaría de Madrid. La sanción, impuesta en el contexto de una asistencia letrada de oficio, ha sido considerada una violación a la independencia y dignidad profesional del abogado.
Independencia profesional, abogados insultados…
Cuando estaba de guardia acudió a la comisaría para asistir a un detenido. Al llegar, redujo la marcha de su vehículo para detenerse en la señal de alto, pero continuó hacia el aparcamiento mientras atendía una llamada urgente de la Guardia Civil. Los agentes, considerando que había desobedecido una orden, le retuvieron y le sancionaron por una supuesta infracción de desobediencia a la autoridad.
También a una abogada que denunció una vulneración a su independencia profesional y consideración debida, tras la apertura de un expediente sancionador por la Delegación del Gobierno en Madrid.
Y, por último, a una abogada que denunció haber sido objeto de una contestación extralimitada por parte de una Unidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha comentado que “estos acuerdos refuerzan el compromiso de esta Junta con la protección de la dignidad, independencia y libertad de los profesionales, asegurando que puedan desempeñar su labor sin ser objeto de intimidación o acoso y sin interferencias ni represalias injustificadas”.
Por su parte, Javier Mata, diputado del ICAM responsable de Defensa de la Abogacía, recuerda que «el amparo colegial no solo protege al profesional del derecho; su objetivo final es garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos, que es fundamental y constitucional».
