Fuster-Fabra pide a García Castellón que ordene la detención de Marta Rovira y el resto de investigados de «Tsunami Democràtic»
Marta Rovira había sido citada por el magistrado García Castellón para que compareciera por videoconferencia desde Barcelona. La política vive huida en Suiza. Alegó que su abogado tenía un señalamiento anterior. Los Fuster-Fabra piden su detención porque está intentando "sustraerse de manera clara a la acción de la justicia". Foto: EP.

Fuster-Fabra pide a García Castellón que ordene la detención de Marta Rovira y el resto de investigados de «Tsunami Democràtic»

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24/5/2024 11:54
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Actualizado: 24/5/2024 11:55
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La firma de abogados Fuster-Fabra, que representa a los dos agentes de la Policía Nacional como acusación particular, ha solicitado formalmente al magistrado Manuel García Castellón que ordene la detención de Marta Rovira y de todos los investigados citados, en el marco de la causa por terrorismo de «Tsunamic Democràtic» por «sustraerse de manera clara a la acción de la justicia».

Marta Rovira, secretaria general de ERC prófuga de la justicia en Suiza, Oriol Soler Castanys y Josep Lluis Alay, quienes habían sido citados ayer por el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, solicitaron que se suspendieran sus declaraciones alegando que sus letrados tenían señalamientos anteriores.

«Con la evidente intención de dilatar y obstaculizar la presente instrucción», subraya el escrito que firman los abogados José María Fuster-Fabra Torrelas y Juan Ignacio Fuster-Fabra Toapanta.

Solo compareció Marta Molina Álvarez.

Por ello solicitan a García Castellón que «proceda al libramiento de órdenes de detención de los investigados por sustraerse de manera clara a la acción de la Justicia».

El magistrado, Manuel García Castellón, que investiga el caso de «Tsunamic Democràtic», por terrorismo, en el que están encausados Carles Puigdemont y Marta Rovira, a los que el Gobierno va a aplicar la ley de amnistía cuando se apruebe. Foto: Confilegal.

PARA OTROS CINCO INVESTIGADOS SOLICITAN ÓRDENES DE DETENCIÓN INTERNACIONAL Y ÓRDENES EUROPEAS DE DETENCIÓN Y ENTREGA

Los Fuster-Fabra solicitan, por otra parte, a García Castellón que dicte órdenes de detención internacional para Xavier Vendrell Segura y Jaume Cabani Massip, órdenes europeas de detención y entrega para Josep Campajó Caparros y Oleguer Serra Boixaderas y orden de búsqueda y captura para Jesús Rodríguez Selles por evitar «de manera consciente y deliberada no estar presentes» en los interrogatorios programados «a pesar del llamamiento de la autoridad judicial, sustrayéndose una vez más de la acción de la justicia sin justificación razonada alguna».

La Audiencia Nacional está investigando a «Tsunami Democràtic» por presuntos delitos de terrorismo, subversión del orden constitucional y desórdenes públicos graves.

García Castellón dirige esta investigación, que se ha centrado en identificar a los organizadores y financiadores del movimiento. Entre los investigados se encuentran, además de Marta Rovira, Carles Puigdemont, prófugo al igual que la anterior.

La investigación ha revelado que «Tsunami Democràtic» tenía una estructura jerarquizada con la intención de desestabilizar política y económicamente al Estado español. Las acciones del movimiento, como los bloqueos y ocupaciones, causaron significativos perjuicios económicos y alteraciones del orden público.

La firma Fuster-Fabra representa a dos agentes de la Policía Nacional que fueron gravemente heridos el 18 de octubre de 2019, durante una protesta de esa organización en la Plaza de Urquinaona de Barcelona. Ambos formaban parte de las Unidades de Intervención Policial

Los hechos que dejaron heridos a los dos policías nacionales representados por la firma Fuster-Fabra ocurrieron el 18 de octubre de 2019, durante una protesta de Tsunami Democràtic en la plaza de Urquinaona de Barcelona, en el contexto de los disturbios que tuvieron lugar en torno a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Ambos formaban parte de las Unidades de Intervención Policial.

Esta investigación va en dirección contraria a la ley de amnistía que apoya el Gobierno socialista, que no comprende los delitos de terrorismo.

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