La Sanidad Pública española ofrece la oportunidad a las personas transgénero a poder llevar a cabo este cambio fisico a través del sistema público. Una cuestión que ha hecho que una persona trans haya llevado su caso a los tribunales, buscando que la operación a la que se sometió a través de una clínica privada ahora la abone el servicio público.
La actora consiguió la inclusión en el Programa de Transexualidad de la Unidad de Trastornos de Identidad de Género en el Hospital Universitario Ramón y Cajal en 2005. Un proceso que empezó en ese momento, habiéndose diagnosticado disforia de género.
Así pues, desde ese momento, esta persona trans recibió seguimiento médico. En concreto, también con revisiones periódicas para supervisar el tratamiento hormonal al que se se estaba sometiendo para producir “cambios morfológicos hacia el sexo femenino”.
Cambios que fueron satisfactorios, tomando la decisión el hospital de programar una cirugía de reasignación sexual para culminar el proceso. Una cirugía que fue programada para septiembre de 2008. Pero que, sin embargo, fue paralizada por los médicos poco antes de producirse.
Y es que, ante la falta de control de carga viral, al ser la mujer paciente de VIH desde 1987, los especialistas decidieron suspender la intervención temporalmente hasta tener conocimiento de esta carga viral.
“El 5 de noviembre de 2010, el coordinador de la unidad de identidad de género de la CAM emite un informe. Documento en el que consta que por padecer patología crónica de VIH se desaconseja la cirugía de reasignación de sexo”.
Una recomendación de la Sanidad pública que la persona trans decidió desoír. Y así, acudió a la medicina privada en 2019, realizándose la intervención, sin que “en fecha actual se hayan producido complicaciones”.
Una intervención de mamoplastia por la Sanidad privada que costó 4.250 euros a la mujer trans. Cifra que, a través de los tribunales, la persona trans buscó que fuera abonada desde la Sanidad pública.
Los tribunales rechazan el pago de la operación trans
Así pues, la actora presentaba una denuncia a este respecto ante el Juzgado de lo Social nº37 de Madrid. Denuncia en contra del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
En concreto, la mujer trans plantea si este caso puede ser un supuesto de urgencia inmediata y de carácter vital. Y si tenía derecho a la intervención, «dado el tiempo de espera, 11 años. Entiende que hubo infracción de la lista de espera […] y que la única vía es acudir a un hospital privado».
Un planteamiento que rechazado por el alto tribunal. También por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimaba el recurso de apelación de la mujer. Algo que llevó la cuestión ante el Tribunal Supremo.
Sala de lo Social compuesta por los magistrados Ángel Blasco Pellicer (ponente), Mª Luz García Paredes y Juan Molins García-Atance que, sin embargo, fallaban en contra de los intereses de la persona trans.
«La mamoplastia se canceló por razones que recoge el informe médico. El SERMAS no denegó la asistencia ni la intervención. La suspende y condiciona al control de la carga viral, algo proporcionado y razonable», destaca el tribunal en su auto. Un punto en el que el Supremo afirma que la mujer «se apartó de las indicaciones», arriesgándose a una operación sin garantías por voluntad propia.
Planteamiento que tampoco consigue un apoyo desde la sentencia de contradicción. Y que lleva al Tribunal Supremo a declarar la inadmisión del recurso de casación. Y con ello, la negativa a pagar la mamoplastia llevada a cabo en la Sanidad privada.
