Joaquín Gadea Francés, el magistrado competente en esta causa, tendrá que decidir en última instancia, y a la vista de los datos de ambas causas, si ceder la competencia a la Fiscalía alemana o continuar con ella en España. Foto Confilegal.
Conflicto de jurisdicción: El caso de la supuesta estafa piramidal de Juicy Fields de la AN puede acabar en Alemania
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29/5/2024 06:32
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Actualizado: 29/5/2024 13:03
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La defensa del ciudadano holandés Willem Johannes Jacobus Van der Merwe ha presentado un escrito al Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, planteando un conflicto de jurisdicción solicitando que se otorgue la competencia a Alemania en el caso Juicy Fields, la plataforma piramidal de inversión en el cultivo de cannabis.
La raíz del conflicto, planteado por la abogada María Barbancho, en representación de su cliente, que fue CEO durante un mes de una de las tres empresas que conformaban esta plataforma, radica en que las autoridades judiciales de ambos países están investigando los mismos hechos delictivos relacionados con Juicy Fields, que operaba globalmente a través del llamado ecommerce.
A esto se une el hecho de que, después de ser entregado por Italia a través de una orden europea de detención, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó ponerlo en libertad provisional para que regrese a su domicilio, en Italia, con la obligación de no dejar el espacio de la Unión Europea.
ALEMANIA, LOS PRIMEROS
En Alemania, la Fiscalía de Berlín inició la investigación en agosto de 2022, dentro del procedimiento 241 Js 1328/2, que involucró a más de 17 personas, entre las que se encontraba Vandermerwe.
En España el magistrado instructor de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, comenzó su investigación casi un mes más tarde. Fue en septiembre de 2022, tras admitir la querella que interpuso la Asociación de Afectados por Inversiones en Cultivos CBD, que agrupaba a más de 900 personas, bajo la dirección de la abogada Emilia Zaballos, por los supuestos delitos de apropiación indebida, intrusismo y publicidad engañosa.
El hecho de que haya sido la Fiscalía de Berlín la primera en abrir la investigación otorga una ventaja temporal significativa a la jurisdicción alemana, que ya ha avanzado considerablemente en la recopilación de pruebas y en la identificación de los implicados.
En el caso español, el caso sigue bajo secreto de sumario a día de hoy.
Los principales factores que respaldan esta postura, aparte del inicio temprano de la investigación en Alemania, están el hecho de que la sede principal de Juicy Fields se encuentre en ese país, y que la mayoría de las actividades delictivas ocurrieran en territorio alemán.
Estos puntos son consistentes con los criterios establecidos por la Ley 29/2022 y el Reglamento (UE) 2018/1727, que regulan los conflictos de jurisdicción en la Unión Europea.
A esto se añade que, en el caso de que se siguiera investigando en los dos países de forma paralela, se estaría vulnerando el principio de «non bis in idem», que prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos en diferentes jurisdicciones.
Dado que los hechos investigados en España y Alemania son idénticos, permitir que ambas causas continuaran simultáneamente podría violar este principio fundamental.
CÓMO SE SOLUCIONA UN CONFLICTO DE JURISDICCIÓN EN EUROPA
En Europa, los conflictos de jurisdicción, especialmente en materia penal, se solucionan a través de un marco legal y procedimientos específicos diseñados para garantizar una cooperación efectiva entre los Estados miembros y evitar la duplicidad de procesos judiciales. La mencionada Ley 29/2022 y el Reglamento (UE) 2018/1727 proporcionan la base normativa para este proceso.
Cuando un órgano judicial en España recibe una información como esta de que otro Estado miembro de la UE está tramitando un proceso penal por los mismos hechos y contra las mismas personas, debe enviar una solicitud de contacto a la autoridad competente del otro Estado. O también puede hacerlo a través de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial en Materia Penal, conocida por su nombre corto, Eurojust.
Su función es la de facilitar la coordinación de las investigaciones y los procesos judiciales entre los Estados miembros en casos de delitos graves transfronterizos. Fue establecida en 2002 y tiene su sede en La Haya, Países Bajos.
Esta solicitud debe incluir información detallada sobre los hechos, la fase de la investigación, la identidad de los involucrados, y cualquier medida cautelar adoptada
Tras el intercambio de información, las autoridades de ambos Estados deben intentar llegar a un consenso sobre cuál de ellos es el más adecuado para continuar con el proceso.
En caso de no lograrlo, pueden solicitar la intervención de Eurojust para facilitar el diálogo y la cooperación.
El magistrado Gadea deberá considerar varios criterios para decidir sobre el conflicto de jurisdicción, que incluye la residencia habitual y nacionalidad del acusado -vive en Italia, aunque es holandés, y fue extraditado desde allí a España; actualmente está en libertad provisional en nuestro país-; el lugar donde se cometió la mayor parte de los delitos -todo parece apuntar que fue Alemania-; la jurisdicción donde se han obtenido la mayoría de las pruebas -la penal-; el interés de las víctimas y la fase de los procedimientos en cada Estado miembro.
Esta normativa y procedimiento aseguran que los conflictos de jurisdicción se resuelvan de manera justa y eficiente, evitando la duplicidad de esfuerzos y garantizando que las investigaciones y juicios se lleven a cabo en el lugar más adecuado.
EL PRECEDENTE DE VOLKSWAGEN
A favor del planteamiento de la abogada Barbancho juega un precedente muy importante, de hecho, el único: el caso Volkswagen, en el que la Fiscalía alemana asumió la competencia por razones similares.
En ese caso se determinó que la jurisdicción alemana era la más adecuada para llevar a cabo la investigación y el juicio, asegurando que los derechos de todas las víctimas, incluidas las de otros países, fueran protegidos adecuadamente.
«La postura de nuestros tribunales en el caso de referencia al que esta defensa se viene inspirando -el caso Volkswagen- ha sido tajante en el sentido de considerar que es presumible que la Fiscalía alemana investigue los hechos salvaguardando el ejercicio de la acción penal en nombre de la totalidad delos perjudicados -no únicamente en el nombre de las víctimas de nacionalidad alemana-«, explica la abogada defensora.
«Así las cosas, el derecho a ver satisfechas sus pretensiones penales quedaría salvaguardado con el ejercicio de la acción penal pública, y, en cualquier caso, los perjudicados podrían ejercitar en España, si a su derecho interesa, las acciones civiles oportunas en reclamación de los perjuicios derivados de los hechos», añade.
Juicy Fields era un sistema piramidal de inversión en cultivos de cannabis para consumo medicinal. La empresa, que no contaba con autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estaba radicada en Suiza y tenía filiales en Alemania y Holanda. Permitía invertir, sin documentos de identidad, hasta 180.000 euros mediante transferencia bancaria o criptomonedas.
La inversión supuestamente se destinaba a cultivar plantas de marihuana en empresas autorizadas legalmente. «Al cabo de 108 días se cosechaba la planta, se vendía y se devolvía el dinero invertido con unos intereses que oscilaban entre el 33 y el 66%. Pudiendo retirar el capital obtenido, bien a través de dinero FIAT y/o criptoactivos como Bitcoin, Ethereum o Tether», dice la querella, a la que ha tenido acceso Confilegal.
Se calcula que, en España, hay en torno a 4.000 afectados. En el mundo el número de afectados podría llegar a los 300.000.
La querella española fue dirigida contra las mercantiles Juicy Fields, Juidcy Holdings B.V., Juicy Grow GMBH, los hermanos Stefan Ludwing y Friedrich Graf Von Luxburg, Robert Michael Muller, Thomas Stieger, Birgit Naumann, Alan Glase, Daniel Gauci, Hans Van de Ven, Licet Osorio, Fanny Skoglun, y Willem Johannes Jacobus Vandermerwe, además de todas las personas que actuaban en la operativa de nuestro país.
Todos ellos figuran como investigados por la Fiscalía de Berlín.
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