El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ha registrado un escrito de denuncia ante la Comisión Europea en España por el posible impacto en el Estado de Derecho y su carácter contrario a los Tratados Europeos de la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que hoy publica el BOE.
En su escrito, la Corporación madrileña realiza un llamamiento a la Comisión para que se implique en la defensa del Estado de Derecho español: “La Comisión Europea, como guardiana de los Tratados de la UE, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con su capacidad para interpretar el Derecho de la Unión en relación con el nacional, desempeñan un rol crucial en el examen y potencial resolución de estas cuestiones”, explica el Decano de la abogacía madrileña.
En su escrito, el ICAM traslada su preocupación porque esta Ley suponga una vulneración de principios y valores del Estado de Derecho consagrados en los Tratados Europeos, en concreto “la seguridad jurídica, la independencia judicial y la igualdad ante la Ley”, incluidos en el artículo 2 del Tratado.
Y, además, argumenta la existencia de “una amplia jurisprudencia acumulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sentencias como la del 24 de junio de 2019, que declaró que la reducción arbitraria de la edad de jubilación de los jueces es contraria al Derecho de la UE al violar los principios de inamovilidad del juez y de independencia judicial.
O en el histórico fallo del 16 febrero de 2022, en el que se aprobó el mecanismo de condicionalidad que supedita el acceso a la financiación de la Unión al respeto, por parte de los Estados miembros, de los principios del Estado de Derecho”.
El papel de las instituciones europeas
El ICAM recuerda que la Comisión Europea, en su papel de vigilante de los Tratados, tiene la responsabilidad de supervisar el respeto de la democracia y el Estado de Derecho, según lo establecido en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE).
