De izquierda a derecha, Laura Díez y Enrique Arnaldo, magistrados del TC, Enrique López, magistrado emérito de ese mismo tribunal de garantías, y Yolanda Rodríguez, directora adjunta de Confilegal, que actuó de moderadora. Foto: Confilegal.
No puede haber reforma de la Constitución sin un consenso como el de 1978
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13/6/2024 17:10
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Actualizado: 13/6/2024 17:38
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Esta fue la síntesis de la mesa redonda que llevó por título «¿Hacia dónde debería ir una posible revisión de la Constitución?», en la que tomaron parte los magistrados del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo, Laura Díez y el magistrado emérito de esa institución, Enrique López –magistrado de la Audiencia Nacional–, que fue parte del II Congreso Nacional Consejo General-Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), celebrado en Madrid, y que moderó la directora adjunta de Confilegal, Yolanda Rodríguez.
«Se han producido cambios sociales y políticos que podrían hacer necesaria una reforma constitucional, como por ejemplo los derechos de tercera generación, la reforma del Senado, la reforma sobre el Consejo General del Poder Judicial para acabar, de una vez por todas, con la situación que llevamos viviendo desde hace cinco años y medio o la reforma del Título VIII, para definir, de una vez por todas, el modelo territorial», explicó López.
«El problema es que uno de los dos grandes partidos considera hoy que es más ventajoso negociar con las formaciones separatistas catalanas para mantenerse en el poder. Dicho de forma clara, han dejado de respetar las reglas de juego. Y mientras no se restauren va a ser muy difícil reformar la Constitución», ha añadido.
Laura Díez ha señalado que, desde el punto de vista más técnico, las constituciones deben reformarse cuando hay una necesidad manifiesta y clara; como puede ser un desfase evidente entre la Constitución y la realidad o bien una novedad en la historia del país, como la inclusión en la UE.
Enrique Arnaldo ha recordado que uno de los momentos «estelares» fue la aprobación de la Constitución en 1978. «Fue una reforma desde un régimen autoritario hacia un régimen democrático. La primera vez en la historia de la humanidad. Tenemos que recordarlo», ha relatado.
«Durante estos 45 años la Constitución ha visitado al médico tres veces. Han sido tres ‘reformitas’. ¿Necesita más reformas? Sí. Pero es prioritario el acuerdo. Hay que recordar que la Carta Magna ha venido recibiendo ataques desde tres frentes diferentes: el rupturista, a los que jamás les gustó desde su nacimiento, el soberanista, que quiere romper la unidad de España, y el populista, que no cree en las constituciones de ningún tipo», ha recordado.
«Lo prioritario», añadió Arnaldo, «es el acuerdo. Hasta que no exista no puede haber reforma. El problema, sin embargo son las reformas que se tratan de hacer por la puerta de atrás. El texto permanece igual, pero a través de una ley, de un reglamento o de una sentencia, se modifica. Ese es un peligro latente«, ha aclarado.
TRES EXMINISTROS DE JUSTICIA
En la mesa redonda, titulada “La justicia: un servicio público de calidad”, conducida por Javier San Martín, ha contado con las intervenciones de tres exministros de Justicia: Juan Carlos Campo Moreno –magistrado del Tribunal Constitucional–, Rafael Catalá Polo, socio de Carles Cuesta Abogados, y Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado por el PSOE.
Catalá ha destacado la importancia de la accesibilidad del servicio público de justicia para los ciudadanos, ya que la justicia debe estar presente en todo el territorio y dotada de herramientas que mejoren la calidad del servicio.
López Aguilar ha enfatizado que la justicia debe ser efectiva, equilibrando recursos y resultados, y ha destacado la importancia de la responsabilidad judicial y del Ministerio Fiscal. Además, ha subrayado la relevancia de la legislación del Parlamento Europeo.
Campo ha advertido sobre la alta litigiosidad y la necesidad de reestructurar un sistema judicial agotado: “Un servicio público que no se adecúa a sus tiempos, da igual el dinero que le metas porque el sistema lo fagocita”.
Los tres ponentes han coincidido en la necesidad de una mejor organización y de reformas estructurales para que la justicia pueda adaptarse a los desafíos contemporáneos y para servir mejor a la ciudadanía.
ECONOMÍA REAL Y SEGURIDAD JURÍDICA
El panel sobre “Economía real y seguridad jurídica” moderada por Xavier Gil Pecharromán, periodista de El Economista, ha contado con la participación de Juan Jiménez de la Peña, registrador, e Ignacio Gomá Lanzón, director general de la Fundación del Notariado.
Ignacio Gomá ha enfatizado la inmensa relación entre seguridad jurídica y economía, defendiendo firmemente la digitalización como una herramienta indispensable para aumentar la eficiencia sin comprometer la seguridad jurídica: “Es evidente que la utilización de las nuevas tecnologías produce una mayor eficiencia. La digitalización no altera para nada la seguridad jurídica, la mejora”.
Juan Jiménez de la Peña ha coincidido en la importancia de la digitalización, subrayando que es una exigencia de Europa y que España está realizando un esfuerzo considerable para estar a la altura. Además, ha destacado que la proliferación excesiva de normas dificulta la actividad económica y ha recalcado la importancia de los registros públicos en la toma de decisiones políticas.
La mesa sobre “Cómo armar los fondos europeos para competir con EEUU y China” ha sido moderada por Carlos Sánchez de El Confidencial y ha contado con la participación de Santiago Sánchez, asesor del Grupo Parlamentario Popular; Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU-San Pablo; y Javier Santacruz, economista.
Santacruz ha resaltado la gran inversión de las superpotencias en desarrollo tecnológico, especialmente en Inteligencia Artificial y vehículos eléctricos. Pampillón ha mostrado su preocupación por la falta de liderazgo europeo en I+D y ha hecho hincapié en la escasez de capital en España.
Sánchez ha enfatizado la incapacidad de Europa para absorber la cantidad de fondos y la falta de producción significativa en sectores clave como los microchips.
FONDOS NEXT GENERATION
Gregorio Izquierdo, director del departamento de economía de CEOE, ha moderado el panel “Situación económica de Europa y España: ¿han sido los fondos Next Generation el revulsivo pretendido?”, en la que ha participado Pedro Casares del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, y José Vicente Marí Boso, del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, que han ofrecido visiones económicas dispares.
Mientras Casares ha destacado los datos macroeconómicos positivos de España, en los que ha atribuido gran parte del buen desempeño al despliegue de los fondos europeos, Marí Boso ha expresado que debemos poner todo en su contexto, ya que España fue el país que peor desempeño tuvo durante la pandemia y el país que más tardó en recuperarse. Por tanto, “crecemos, pero no lideramos el crecimiento europeo”.
Abrió el Congreso “El derecho a la defensa: la base para una sociedad segura”, ha sido ofrecida por José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.
Su intervención se ha centrado en la posición de los Gestores Administrativos en el proyecto de ley del artículo 24 de la Constitución: el derecho a la defensa.
Según Vera Santos, los Gestores Administrativos podrían encontrarse con un “protagonismo básico” en el proyecto de ley, ya que se encargarían del asesoramiento previo al procedimiento previsto legalmente. Se tendría que abrir, por tanto, la participación de la justicia a muchos más sujetos y no solo a los abogados.
En este II Congreso Nacional de Gestores Administrativos también ha participado Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, que apostó clara y directamente por reformar la Constitución.
Según su punto de vista, habría que retocar el Título VIII, referente al estado de las Autonomías, desarrollado de facto por la jurisprudencia del Constitucional, para que tenga las garantías propias de un estado federal; la ampliación de algún derecho con fortificación de servicio público; y la aparición de la pertenencia de España en la Unión Europea.
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