El Tribunal Constitucional (TC) estudiará a partir del 16 de julio una ponencia que propone perdonar toda la malversación por la que se condenó al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán en el «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.
Fuentes jurídicas han confirmado que la ponencia a cargo de la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, plantea anular la sentencia y ordenar a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva, tal y como ha publicado ‘El Español‘.
Griñán fue condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por prevaricación y malversación, aunque su ingreso en prisión quedó suspendido por el cáncer que padece.
Las fuentes consultadas han asegurado que lo previsible es que la mayoría progresista del TC avale la ponencia de Montalbán y exonere la malversación al expresidente andaluz.
El Constitucional estudiará el recurso de Griñán después de haberse pronunciado sobre los de otros siete condenados por el ‘caso de los ERE’. ‘
De momento, las sentencias del tribunal de garantías han supuesto la libertad de tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo –que ya gozaba del tercer grado penitenciario–, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Delito de prevaricación
Según las mismas fuentes, respecto al delito de prevaricación, el borrador de la sentencia relativa a Griñán insiste –como ya sostuvo el Constitucional respecto al resto de casos– en que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva de este delito.
En las últimas semanas, el Constitucional ha deliberado sobre los recursos de excargos que, aunque todos fueron condenados por los ‘ERE’, participaron de distinta manera en el sistema de concesión de ayudas sociolaborales.
Las fuentes consultadas han explicado que aunque hay una línea argumental básica que se repite, luego cada caso tiene sus propios matices, porque no todos los condenados ocuparon los mismos cargos ni actuaron en los mismos años.
Una de las mayores diferencias, han apuntado dichas fuentes, recae en el paraguas legal que, según el TC, tuvieron los que participaron entre 2002 y 2009 –cuando se elaboraron y aprobaron los anteproyectos y proyectos de leyes de presupuestos andaluces– frente a los que lo hicieron entre 2000 y 2001 –cuando todavía no había esa ley de presupuestos y solo se hicieron modificaciones–.
