
De izquierda a derecha, Mario José Yoldi Domínguez, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores, Fernando Cos-Bayón, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia, Roberto Blanco Escolar, director del Departamento de Análisis Macrofinanciero y Política Monetaria del Banco de España, y el notario Eduardo García Parra, director del Instituto Valenciano de Estudios Notariales del Colegio Notarial de Valencia, que ejerció de moderador. Foto: Confilegal.
Expertos demandan reformas urgentes para solucionar la crisis de vivienda en España
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12/7/2024 06:35
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Actualizado: 12/7/2024 00:49
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La crisis de la vivienda en España tiene su origen en cinco factores principales: una ley del suelo que carece de seguridad jurídica, la escasez de suelo finalista disponible, la falta de mano de obra cualificada, un sistema de financiación inadecuado que impide la industrialización del sector, y la excesiva lentitud en la concesión de licencias, que dificulta la viabilidad de los proyectos en curso.
Esta fueron algunas de las conclusiones a las que se llegó ayer en la mesa redonda «La construcción de vivienda pública y privada», dentro del Curso 2024 “Persona, empresa y tecnología (Vivienda: sus desafíos. Reflexiones y propuestas)”, organizado por la Fundación Notariado, que está teniendo lugar en el Palacio de Miramar, San Sebastián-Donostia.
“Tenemos un problema de una magnitud impresionante. Y eso que llevamos 14 años avisando. Después de la crisis se paralizaron todos los desarrollos del suelo, sin prestar atención a la curva demográfica”, explicó Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores (APCE).
“Pasa en todo el territorio nacional. En Madrid hay 132.000 viviendas calificadas, pero con suelo finalista [el terreno que ha pasado por todos los procesos necesarios de planificación y gestión urbanística para ser considerado apto y listo para la construcción] solo hay 4.000. Y no solo en la capital. También ocurre en Valencia, en San Sebastián… En muchas capitales”, añadió.
Gómez Pintado también llamó la atención sobre la falta de mano de obra y el sistema de financiación de las empresas: “Hemos pasado del 12 % de la mano de obra total en el país a solo un 6 %. Y el sistema de financiación para nuestras empresas es totalmente inadecuado”.
Por lo que abogó por un Pacto de Estado en materia de vivienda y en la configuración de políticas de vivienda a largo plazo.
En la mesa redonda también tomaron parte Roberto Blanco Escolar, director del Departamento de Análisis Macrofinanciero y Política Monetaria del Banco de España, Fernando Cos-Bayón, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia y director del Observatorio de la Vivienda de la UPV y Mario José Yoldi Domínguez, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno vasco (miembro del Partido Socialista de Euskadi).
Fue moderada por el notario Eduardo García Parra, director del Instituto Valenciano de Estudios Notariales del Colegio Notarial de Valencia.
Blanco Escolar, durante sus intervenciones, coincidió con Gómez-Pintado en las causas de la crisis de la vivienda.
«Y precisó: “»Hace un mes en el Banco de España publicamos un informe en el que dijimos que España tiene un déficit de 600.000 viviendas. Es un problema grave de oferta de vivienda localizada en determinadas áreas y que afecta al colectivo de rentas bajas, jóvenes y población inmigrante”, subrayó el director del Departamento de Análisis Macrofinanciero y Política Monetaria del Banco de España.
Las áreas en las que se concentra este problema son Madrid, el arco Mediterráneo, Baleares y Canarias.
La oferta de vivienda, a su juicio, está en un punto crítico. «En los últimos años se han creado 90.000 unidades nuevas frente a 275.000 hogares nuevos, lo que genera una tensión notable en el mercado”, relató.
Según Blanco Escolar, «el porcentaje de familias en sobreesfuerzo en alquiler es del 40%, lo que requiere actuaciones contundentes”.
LA LEY DE LA VIVIENDA ES INOPERANTE
Fernando Cos-Bayón, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia, destacó que la magnitud de la inmigración tiene también su impacto en el mercado de la vivienda. «En 15 años, la población ha crecido significativamente, lo que ha resultado en asentamientos informales y un aumento del chabolismo. Porque cuando la gente no tiene donde vivir vive donde puede», dijo Cos-Bayón.
Además, llamó la atención sobre la llegada de nómadas digitales y jubilados europeos ha incrementado la demanda de alquiler, especialmente en zonas turísticas, lo que tensiona también la parte alta del alquiler.
“La ley de la vivienda”, coincidió con Gómez-Pintado, “es un desastre”.
Cos-Bayón constató que España sigue siendo “un país de propietarios. El 75 % de 26.902.443 hogares son en propiedad. Lo que supone 2 habitantes por cada vivienda. En esto, evidentemente, hay mucha segunda residencia”.
“La tragedia es que los jóvenes no pueden comprar sus casas, el alquiler por habitaciones se ha vuelto desproporcionado. En San Sebastián es más de 20 euros por metros cuadrado”, indicó.
EL PAÍS VASCO, UNA “ALDEA GALA”
Así definió el socialista Mario José Yoldi Domínguez, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, al Euskadi en materia de vivienda social. “Somos una aldea gala”, dijo con cierto humor.
De acuerdo con Yoldi Dominguez, en Euskadi se ha logrado desarrollar un parque inmobiliario eficiente, dedicando el 1% del PIB regional a políticas de vivienda: «El 16% de la vivienda protegida en España la hemos hecho nosotros».
Sin embargo, admitió que el mercado ha superado sus capacidades y enfatizó la necesidad de colaboración. «Desde el ámbito público no se puede solucionar solo el problema de la vivienda. Se necesita colaboración privada y social», insistió.
Yoldi Domínguez relató que en el País Vasco la competencia sobre la vivienda está en manos del gobierno autonómico, de los ayuntamientos y de las diputaciones. Son 10.000 casas de vivienda de protección oficial, por una parte. Y, por otra, pagan 35.000 prestaciones de alquiler, con una media de 200 euros, a aquellas familias a las que no les pueden facilitar viviendas.
En resumen, la mesa redonda destacó que la crisis de vivienda en España es un problema complejo que requiere soluciones integrales y una estrecha cooperación entre el gobierno, el sector privado y la sociedad.
Las políticas a largo plazo, la eficiencia administrativa y la industrialización del sector son esenciales para abordar el déficit de vivienda y garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos, concluyeron.
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