El exministro socialista José Luis Ábalos, actual diputado del Grupo Mixto en Congreso. Foto: EP
La Fiscalía denuncia la revelación de secretos sufrida por Ábalos en el caso Koldo
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30/8/2024 05:35
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Actualizado: 30/8/2024 23:58
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La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia por descubrimiento y revelación de secretos sufridos por el exministro socialista José Luis Ábalos por la filtración de datos personales incluidos en el sumario del caso Koldo.
Ábalos, adscrito en el Grupo Mixto del Congreso tras haber sido expulsado del PSOE, anunció el pasado 24 de julio que presentaba su denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las filtraciones de documentos relativos al ‘caso Koldo’ que le afectan a él y a terceras personas con las que ha tenido relación.
Entonces, el exministro subrayó que sigue sin tener la condición de investigado en esa causa judicial y se quejó de que esas filtraciones no han sido objeto de reproche penal ni de investigación «por parte de quien ha de ser garante de la pureza del procedimiento penal».
Además de «delitos indiciariamente constitutivos de descubrimiento y revelación de secretos», también denunciaba la «omisión de perseguir delitos», es decir, inacción ante estas filtraciones.
«Daño enorme» a su reputación
El que fuera responsable de Organización del PSOE con Pedro Sánchez incidió en que ni la Guardia Civil ni el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso han iniciado actuación alguna para detectar de dónde provienen las filtraciones, que están haciendo –señaló– un «daño enorme» a su reputación personal y profesional.
A su juicio, con esas filtraciones se ha establecido un «estado de excepción de derechos y ya no existe derecho a la intimidad» no de personas que tienen relevancia pública como él, sino de otras que «no tienen nada que ver» y que, según recrimina, «ya han sido privados de sus derechos a la intimidad y el honor».
Ahora, la Fiscalía ha visto indicios de delito y ha interpuesto una denuncia en los juzgados de Madrid.
La denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, que deberá decidir si abre diligencias e inicia una investigación.
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