La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un recurso especial por vulneración de derechos fundamentales en relación a los derechos de los menores migrantes contra la decisión del Consejo de Gobierno de Canarias de suspender la acogida y dejarla en manos del Estado.
La organización apunta, a través de su secretario general Rafael Escudero, que esta decisión generó «un bloqueo que no busca protegerlos sino usarlos en una suerte de guerra híbrida contra el Estado obviando el ordenamiento jurídico español que establece, como el canario, que las competencias en materia de infancia son exclusivas y automáticas por parte de las comunidades autónomas».
La Red, que está a favor de procesos y planes de reubicación no solo en Canarias sino también en Ceuta, Melilla, Islas Baleares y otros puntos de presión migratoria por costas del resto del territorio del Estado, señala en un comunicado que la decisión del Gobierno canario supone «dejar en potencia a cientos de menores sin pasar a las manos de quienes tienen las competencias de educación, infancia, servicios sociales, sanidad y otras materias imprescindibles para su interés superior».
En esa línea detalla que la elección de «qué menor si y qué menor no será acogido por Canarias es discriminatorio al no tener desarrollo normativo que permita conocer qué criterios y elementos lo van a motivar y que hace que existan menores migrantes de primera, los acogidos, y otros de segunda, los que se expulsa y no podrán formar parte de los procesos de integración básicos» –los que el Estatuto de Autonomía Canario y la Constitución Española así como los tratados internacionales les dan derechos automáticos–.
Transitando de la irregularidad a la prevaricación con los menores migrantes
Para la Red, «el presidente de Canarias –Fernando Clavijo– y su consejera –Candelaria Delgado– están transitando de la irregularidad a la prevaricación con enorme velocidad, algo que no vamos a permitir».
Así apunta que «Canarias tiene un enorme reto con la acogida de menores y las demás comunidades y el propio Estado deben darle respuesta, pero ningún poder del Estado, y menos una comunidad, puede actuar unilateralmente usando a niños como parte de una partida política para torcer el brazo del contrario».
En su opinión, «los menores y su interés superior se deben garantizar sin acudir al filibusterismo administrativo».
La Red ha pedido al TSJC que suspenda dicho acuerdo y que, indistintamente, se adopten las medidas en colaboración con la Fiscalía de Menores de Canarias para que los niños pasen a tutela inmediatamente y no se vulnere o presione a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como así ha sucedido anteriormente.
