La historia que se produjo para la elección de Isabel Perelló como presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo del pasado 2 de septiembre, se repite.
Las negociaciones entre los dos bloques representados en el seno del CGPJ vuelven a sucederse con intensidad para encontrar un acuerdo «de regreso» a la estructura del órgano de gobierno de los jueces existente antes de la «era Lesmes», que comenzó en 2013 y terminó este año.
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, pronunció en su día una frase histórica: «El principio es más de la mitad del todo».
La conciencia de esa verdad es lo que está haciendo apretar a unos y a otros en las negociaciones para cerrar al acuerdo para el Pleno fijado para el 25 de septiembre próximo.
Lo que se consiga en este tiempo de despegue es lo que los vocales del CGPJ tendrán en sus cinco años de mandato.
Por eso esas negociaciones se centran en definir el número de comisiones legales, los órganos delegados del Pleno de la institución, con competencias específicas asignadas por ley o por el propio Pleno, .
Estas comisiones se crean con el objetivo de facilitar la gestión y el cumplimiento de las funciones del CGPJ, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial en España, encargado de garantizar la independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones.
La última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pactada entre el PSOE y el PP, devolvió al Pleno las competencias para auto organizarse de la forma que este órgano considerara convenientes si así lo decidía por una mayoría de 3/5 de los votos, es decir, 13 de 21.
COMISIÓN DE CALIFICACIÓN, UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES
La LOPJ establecía, eso sí, la creación específica de una Comisión de Calificación, integrada por 5 vocales, que informará sobre todos los nombramientos que sean competencia del Pleno, con el fin de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas.
Esta Comisión es de importancia capital porque es por la que seleccionará los candidatos que después tendrá que votar el Pleno para cubrir las 100 vacantes tanto en el Tribunal Supremo como en los Tribunales Superiores de Justicia y las presidencias de las Audiencias Provinciales.
Dicha Comisión había sido suprimida y sus funciones asumidas por la Comisión Permanente en la estructura del anterior Consejo.
Las 5 Comisiones Legales que se están negociando son la Comisión Permanente, la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Igualdad, la Comisión de Asuntos Económicos y la Comisión de Calificación, antes mencionada.
Además de estas, sobre la mesa también estarían las comisiones reglamentarias, cuya función es asegurar que ciertos aspectos claves de la gestión y funcionamiento del Poder Judicial sean tratados de manera sistemática y organizada.
En principio habría 4: la Comisión de Escuela Judicial, la Comisión de Modernización, la Comisión de Estudios e Informes y la Comisión de Comunicación.
Esta última se encargaría de establecer una estrategia de recuperación del prestigio y la credibilidad del Poder Judicial, maltrecho tras cinco años de bloqueo en la renovación y algunas sentencias que han impactado negativamente en la opinión pública.
Bajo la era Lesmes operaron solo 4 comisiones: la Comisión Permanente, que es la más importante del CGPJ, porque asume gran parte de las funciones ordinarias del Consejo –se convirtió también en la Comisión de Calificación, asumiendo las funciones de la selección de ternas para los nombramientos que después debía hacer el Pleno–; la Comisión Disciplinaria y promotor de la Acción Disciplinaria; la Comisión de Asuntos Económicos y la Comisión de Igualdad.
A diferencia de entonces, en que solo 7 vocales tenían dedicación exclusiva mientras que los 13 restantes debían compaginar sus trabajos en sus diferentes destinos con la asistencia a comisiones del Consejo o al Pleno, en el CGPJ de ahora se ha recuperado la dedicación exclusiva para los 20 vocales.
SE OFERTARÁ LA PLAZA DE PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA
En ese Pleno del 25 de septiembre próximo se acordará la estructura de las Vocalías Territoriales. Los vocales designados por el Pleno tendrán la responsabilidad de representar al CGPJ en las distintas Comunidades Autónomas o zonas geográficas de España.
Su función principal es servir como enlace entre los tribunales de justicia de una determinada región y el CGPJ, asegurando una comunicación fluida y eficaz entre el órgano de gobierno del Poder Judicial y los jueces y magistrados que ejercen en cada territorio.
También se acordará ofertar a la carrera judicial las plazas de promotor de la Acción Disciplinaria, de jefe del Servicio de Inspección y del letrado de Igualdad.
El promotor de la Acción Disciplinaria es una figura clave dentro del CGPJ. Tiene el cometido de investigar e impulsar las acciones disciplinarias contra jueces y magistrados que puedan haber incurrido en infracciones en el ejercicio de sus funciones.
Su labor consiste en velar por la correcta actuación de los miembros del Poder Judicial, asegurando que se mantengan dentro de los límites establecidos por la ley y los códigos de conducta. Esta figura actúa cuando se detectan posibles conductas indebidas, faltas disciplinarias o incumplimientos de las obligaciones judiciales.
El anterior promotor, Ricardo Conde, cesó cuando fue nombrado este nuevo CGPJ ya que su mandato estaba unido al del Consejo que lo designó.
Falta por determinar cómo se van a nombrar al director de la Escuela Judicial y al director del CENDOJ ya que en la LOPJ no dice que dichas plazas tengan que ser ofertadas como las anteriores.
