La Fiscalía ha solicitado archivar la denuncia presentada por la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) en el Tribunal Supremo (TS) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, al considerar que «no hay ninguna prueba» que la sustente.
En un informe, la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez-Conde, indica que, «más allá de la relación conyugal, ninguna prueba o principio de prueba, ningún dato se menciona que pueda vincular al presidente del Gobierno con la actividad profesional de su esposa y su participación en la misma».
La denuncia se presentó el pasado 20 de mayo. En ella se señala tanto a Gómez como a Sánchez, motivo por el cual se formuló ante el TS, donde está aforado el jefe del Ejecutivo.
AECC sostiene que «las empresas que de algún modo han tenido relación o vínculo con la denunciada desde el nombramiento como presidente del Gobierno de España de su esposo han mejorado su facturación, alguna casi en un 4.000%».
A su juicio, «hay indicios suficientes para sostener (…) que la denunciada se ha prevalido de su condición de esposa del presidente del Gobierno, para establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades».
En este sentido, AECC apunta que, «incluso para establecer estas relaciones», Gómez «ha sido miembro del séquito de acompañamiento del presidente del Gobierno en varios viajes oficiales de éste».
Y añade que «desde sus cargos y puestos laborales indiciariamente se ha podido ofrecer (por la concurrencia entre sus relaciones personales y la concesión de ayudas) para influir ante su propio esposo, como presidente de Gobierno, para la concesión de subvenciones y ayudas públicas».
«Efectivamente en algún caso la influencia parece indiciariamente probada desde el momento en que se ha publicado que se incorporaron cartas de recomendación a los expedientes administrativos de concesión del concurso», afirma AECC.
SE DIRIGEN TAMBIÉN CONTRA BOLAÑOS
Posteriormente, AECC amplió la denuncia para dirigirse también contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la querella presentada por la Abogacía del Estado en representación de Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado por citarle para declarar presencialmente como testigo en el caso donde investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Para AECC, esta querella puede comportar una presunta malversación de recursos públicos por parte del presidente del Gobierno y su entorno, por defender intereses personales y privados, así como el encubrimiento de posibles delitos relacionados con su esposa.
Sánchez-Conde responde que, «en el supuesto de prevaricación administrativa imputado al ministro de Justicia» por AECC, «existe la misma orfandad probatoria más allá del dato del público conocimiento de su posición institucional respecto a la Abogacía del Estado».
