Administrativando Abogados ha anunciado la apertura de su nueva oficina en Las Palmas de Gran Canaria en la Calle Salvador Calderón, estratégicamente situada cerca de la Ciudad de la Justicia.
El desarrollo del nuevo despacho se ha llevado a cabo en colaboración con la reconocida firma Acosta & Navarro, bajo la dirección de sus socios fundadores, Agustín D. Acosta Hernández y Javier Navarro Betancor. Un movimiento que refuerza la expansión del despacho que busca fortalecer su presencia en el archipiélago.
Ambas firmas han decidido consolidar su relación mediante esta alianza que promete elevar la calidad del asesoramiento legal de la región, tras varios años de colaboración.
La nueva oficina permitirá a Administrativando Abogados y Acosta & Navarro, abordar de manera conjunta los diferentes asuntos legales de alta complejidad, beneficiándose de la amplia experiencia y conocimientos de ambos equipos.
Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados ha comentado que la experiencia y liderazgo de Hernández y Navarro garantizarán el éxito de esta nueva etapa”.
Además, ambas firmas desarrollarán iniciativas formativas conjuntas, organizando jornadas y eventos que enriquecerán la comunidad jurídica canaria. Una colaboración diseñada para la mejora del servicio a sus clientes y el fortalecimiento de su posición en el mercado.
Liderazgo y trayectoria de Acosta & Navarro
Agustín D. Acosta Hernández es un abogado con más de 25 años de experiencia en Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo, destacando como asesor jurídico del Cabildo de Lanzarote. Además, ha dirigido numerosos procedimientos contenciosos, logrando resultados favorables en la defensa de la ordenación territorial y turística. También es autor de estudios en esta área y ha participado como ponente en diversas jornadas.
Javier Navarro Betancor, con 24 años de experiencia, se ha especializado en la defensa de Administraciones Públicas en temas de contratación pública y responsabilidad patrimonial. Así, ha emitido informes jurídicos para diversas entidades y ha sido profesor en varias instituciones. Desde 2013, está enfocado en la responsabilidad patrimonial sanitaria obteniendo notoriedad por su papel en casos de negligencia médica y en la reciente consideración judicial de la violencia obstétrica como un derecho.
