La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, ha emitido este lunes un informe donde se opone a que el alto tribunal investigue a su jefe, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ello en relación por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, inmerso en un procedimiento por presunto fraude fiscal
En un informe de 45 páginas Sánchez-Conde solicita «declarar que los hechos no son constitutivos de delito y archivar las actuaciones».
La fiscal se ha pronunciado después de que en julio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevara la causa al Supremo.
Hay que recordar que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.
El TSJM consideró que la difusión de la nota «no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal» (desmentir un bulo), porque «aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros».
Para Sánchez-Conde, en cambio, «dar a conocer la cronología de los hechos y de los correos electrónicos era especialmente necesario para el Ministerio Fiscal, puesto que al alterar varios medios de comunicación su orden temporal se pretendía confundir a la opinión pública al variar radicalmente el papel de la Fiscalía tanto en las diligencias de investigación como en su relación con la representación del investigado Gonzalez Amador».
La teniente fiscal recuerda que «la propia presidenta de la Comunidad de Madrid puso en duda la imparcialidad y objetividad de la Fiscalía, pues, además de poner en tela de juicio el recto proceder de la fiscal jefa provincial de Madrid (Pilar Rodríguez), llegó a deslizar que se trataba de un caso turbio de los poderes del Estado, así como que estos estaban siendo utilizados contra su pareja».
