Agentes de Policía Nacional de Valladolid han detenido a un empresario del sector agrícola por explotar a extranjeros en situación irregular a los que hacía trabajar en el campo jornadas de más de diez horas diarias, de lunes a domingo, sin contrato y a los que alojaba en una infravivienda en ruinas por 200 euros mensuales.
La detención se produjo el pasado 27 de septiembre en el marco de la operación ‘Baco’, que se inició a raíz de informaciones recibidas y fruto de la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid.
En este contexto, se comenzó una investigación en la que se detectó a un empresario español dedicado a la explotación de fincas agrícolas para terceros, a los que proporcionaba mano de obra para las labores agrarias.
Tras diversas gestiones, la Policía Nacional confirmó la existencia de al menos cuatro trabajadores en situación de necesidad y vulnerabilidad que habrían sido explotados laboralmente por el empresario detenido.
Así, se realizó una actuación inspectora conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, una operación que permitió localizar cinco trabajadores en fincas agrícolas del detenido en situación administrativa irregular y bajo unas condiciones cercanas a la «semiesclavitud».
Según ha señalado la Policía Nacional en un comunicado, las condiciones laborales impuestas a las víctimas podrían considerarse de explotación laboral y consistían en jornadas de más de diez horas diarias de lunes a domingo, sin derecho a descansos ni días libres, obligación de faenar incluso enfermos, sin contrato y sin alta en la Seguridad Social, todo ello por siete euros la hora.
Asimismo, el empresario engañaba a las víctimas con falsas promesas de un contrato de trabajo a largo plazo que les permitiera poder regularizar su situación en España, lo que nunca llegó a formalizar pese a que los trabajadores extranjeros llevaban varios años prestando servicios para el detenido.
La Policía Nacional ha subrayado que los trabajadores explotados son ciudadanos extranjeros en situación especialmente vulnerable ya que su situación administrativa les imposibilita acceder al mercado laboral y tienen familiares a su cargo que dependen económicamente de ellos, por lo que se vieron abocados a aceptar las condiciones laborales «abusivas y desproporcionadas».
Igualmente, el empresario detenido proporcionaba a las víctimas transporte al campo por un cobro de 2,50 euros diarios a cada trabajador y alojamiento por unos 200 euros que descontaba del salario de siete euros la hora.
El alojamiento del que disponían las víctimas era una infravivienda en ruinas, con humedades, insectos y sin agua caliente y calefacción, en la que llegaron a pernoctar hasta 15 individuos en temporada alta.
Además, los jornaleros llevaban varios meses sin cobrar en concepto de gastos por la gestión del presunto contrato laboral que el empresario les iba a facilitar para regularizar su situación en España.
