Sáhara
Instan a España y a la UE a iniciar conversaciones con el Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui hasta su descolonización, sobre los términos de los acuerdos comerciales y pesqueros que afectan al Sáhara Occidental, garantizando su beneficio para el pueblo saharaui, como exige el alto tribunal.

Jueces y fiscales progresistas critican la «colaboración» del Gobierno español con la «ocupación» del Sáhara

7 / 10 / 2024 11:46

Actualizado el 07 / 10 / 2024 11:46

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Las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), así como la Asociación Proderechos Humanos de España (APDHE), han expresado su «inquietud» por lo que denuncian como una «colaboración» del Gobierno español con la «ocupación» del Sáhara Occidental por parte de Marruecos.

JJpD, UPF y APDHE se han pronunciado a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la impugnación de los acuerdos UE-Marruecos comercial y de pesca que afectan al territorio del Sáhara Occidental, para expresar su «satisfacción» por «la anulación definitiva de los mismos».

«Tanto por reconocer el derecho de libre determinación del pueblo saharaui, en su vertiente económica, que implica su necesario consentimiento para la explotación de sus recursos, como, en sentido negativo, la ilegitimidad de su expolio por la potencia ocupante de Marruecos», dicen en un comunicado.

EXPLOTACIÓN COLONIAL DEL SÁHARA

No obstante, «muestran su inquietud por la insistencia de España, potencia administradora, y la UE, en vulnerar el Derecho Internacional al colaborar con la ocupación al favorecer la explotación colonial de los recursos saharauis».

En este sentido, indican que «esta colaboración ha sido recientemente prohibida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con los territorios ocupados palestinos en su dictamen sobre los efectos de la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Oriental».

Así, «instan a España y a la UE a iniciar conversaciones con el Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui hasta su descolonización, sobre los términos de los acuerdos comerciales y pesqueros que afectan al Sáhara Occidental, garantizando su beneficio para el pueblo saharaui, como exige el alto tribunal».

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