Un año después de su entrada en vigor, la Ley de Derecho a la Vivienda ha hecho más por paralizar el mercado de arrendamientos urbanos que por facilitar el acceso a la vivienda.
Lo que prometía ser una solución al problema habitacional en España ha derivado en un caos de desalojos suspendidos, propietarios desprotegidos y un mercado de alquiler en franco retroceso.
Tres voces autorizadas del ámbito jurídico —Jesús M. Sánchez García, Cristina Vallejo y Alberto Torres López— no dudaron ayer en señalar los fallos más graves de la norma y las urgentes reformas que necesita en el marco del 19º Congreso de la Abogacía de Málaga. Y desde una mesa que llevó como título: «Un año de la Ley de Derecho a la Vivienda: aplicación a los arrendamientos urbanos».
Jesús M. Sánchez: «El acceso a la vivienda siguió siendo un reto»
Jesús M. Sánchez, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), fue muy claro: la ley no cumplió con sus promesas.
«Un año después, el acceso a la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, siguió siendo uno de los grandes problemas de nuestro país», afirmó Sánchez.
El decano del ICAB criticó directa y abiertamente la regulación de los desalojos.
En su opinión, resulta inadmisible que un propietario no pueda recuperar su inmueble si está ocupado de forma ilegal, y el ocupante se encuentra en situación de vulnerabilidad.
«Es el Estado el que debe asumir esa carga, no los propietarios privados», subrayó. «La Administración Pública ha delegado injustamente esa responsabilidad y la solución de este problema sobre los hombros de los particulares».
Cristina Vallejo: «El mercado de alquiler ha retrocedido»
Cristina Vallejo, socia directora de VPG Abogados, aportó datos demoledores sobre el impacto negativo de la ley en el mercado de alquiler.
Según la abogada, desde que la norma entró en vigor se han presentado 600 demandas menos de desahucio, lo que muestra el descontrol que provocó en la gestión de los arrendamientos. «Los propietarios, tanto grandes como pequeños, no supieron qué hacer con los nuevos requisitos legales», explicó.
Además, Vallejo señaló que la ley generó un 15% menos de viviendas en alquiler, mientras que los arrendamientos de temporada aumentaron un 60%.
«Lo que se pretendía era fomentar el alquiler, pero se consiguió todo lo contrario. Hoy el mercado está más bloqueado y acceder a la justicia se ha vuelto más complicado», reveló.
Alberto Torres: «Fue urgente agilizar los juicios de desahucio»
Alberto Torres, director jurídico de Sepín y presdientre de la Sección de AU_PH e INM del Colegio de la Abogacía de Madrid, coincidió en señalar los defectos de la ley.
En su opinión, era imprescindible reformar los procedimientos de desahucio para reducir los retrasos. «Se podrían haber implementado cambios legislativos que facilitaran la agilización de los juicios sin poner en riesgo la protección de los inquilinos vulnerables», afirmó.
Torres también señaló que la falta de agilidad en los procedimientos creó una sensación de inseguridad jurídica para los propietarios. Esta situación, según el abogado, fue uno de los factores que desincentivaron el alquiler y complicaron aún más el mercado.
Hay una solución
Lo que se diseñó para mejorar el acceso a la vivienda ha terminado colapsando los desalojos y frenando el mercado de alquiler. Propietarios desprotegidos, inquilinos vulnerables y un mercado en crisis son las consecuencias que dejó esta ley.
La solución, según estos tres juristas, pasa por una reforma profunda que restablezca la seguridad jurídica para los propietarios y permita agilizar los procedimientos de desahucio.
De lo contrario, la incertidumbre seguirá reinando en el mercado de alquiler, con efectos negativos para todos los implicados.
