La vivienda se ha convertido en el principal foco de preocupación social y jurídica en Cataluña, y la reciente reforma legal aprobada por el Parlament ha reabierto un debate de fondo: cómo equilibrar la protección de las personas vulnerables, la seguridad jurídica y el incentivo a la inversión y la producción de vivienda.
Estas cuestiones fueron tratadas en la jornada ‘El impacto jurídico, notarial y social de la nueva regulación de vivienda en Cataluña’, celebrada en el Colegio Notarial de Cataluña, en la que representantes institucionales y expertos del ámbito jurídico analizaron el alcance y las consecuencias prácticas de la nueva normativa
El acto contó con profesionales de gran notoriedad del ámbito jurídico como Jordi Terrades, secretario general del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña; José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña; Cristina Vallejo, decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Cataluña; Javier Segura, decano del Colegio de Procuradores de Barcelona o Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre todos.
«La vivienda es la mayor preocupación de los catalanes»
La apertura de la jornada estuvo a cargo Jordi Terrades y el decano del Colegio. Terrades, en su discurso, señaló que en los últimos 20 años «Cataluña ha estado a la vanguardia del diseño y la ejecución de políticas públicas orientadas a garantizar la vivienda digna»
Sin embargo, esta «vocación reguladora» ha tenido «algunas deficiencias y dificultades en la aplicación práctica y, ahora, la vivienda es la mayor preocupación de los catalanes. La realidad es que no solo tenemos que regular, sino también producir vivienda y, para ello, hay que destinar recursos», advirtió.
Por su parte, Martín destacó que actualmente los operadores jurídicos catalanes se encuentran en un estado de incertidumbre, y la solución parece que no llegará pronto: «Se había instalado un relato en que el propietario, aunque fuera una persona vulnerable, no tenía ninguna protección ni derecho».
«Somos conscientes de que hay muchas personas vulnerables, pero la protección del vulnerable no le corresponde al propietario, sino al Estado. Por suerte, en estos momentos, la Administración ya empieza a ser consciente de que al propietario también hay que protegerlo. Al final, la propiedad no solo es el pilar fundamental de los derechos de la persona, sino que también es el estímulo económico que permite a una sociedad avanzar», lanza el decano del Colegio este mensaje de tranquilidad.
Función social de la propiedad y la «okupación», temas centrales de las ponencias
Tras estos dos discursos, se dio paso a una ponencia que analizó la función social de la propiedad y el nuevo paradigma del derecho a la vivienda, de la mano de Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili.
Nasarre aseguró que el problema al que se enfrenta la comunidad catalana con la crisis de la vivienda es «muy grave»: «Todas las leyes que se han hecho en materia de vivienda en los últimos años, tanto a nivel estatal como catalán, no tienen ningún fundamento económico ni académico y, a pesar de estar basadas en la función social, están consiguiendo absolutamente lo contrario».
La jornada finalizó con la conferencia de Magro quien puso el foco de atención en la «okupación» de viviendas: «Si han ocupado ilegalmente la casa de un ciudadano de este país, hay que echarlo en veinticuatro horas, y no en tres o cuatro semanas».
Pero también ofreció las claves para solucionar este problema: «La ocupación no se arregla con penas mayores ni con juicios más rápidos, se arregla con medidas cautelares. Se trata de acudir al juez de guardia, presentarle un escrito pidiendo el desahucio cautelar y que se ejecute, evitando la sobrecarga al juez de instrucción», señaló Magro.
El magistrado también incidió en el fenómeno de la inquiocupación, asegurando que «muchos propietarios ya no alquilan a determinados perfiles por miedo al impago, ya que si dejan de abonar la renta, no los podrán echar de casa».
