Hoy, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha tomado la decisión de imputar al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Concretamente por un presunto delito de revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.
Dos asociaciones de fiscales –AF y APIF- han sido tajantes y han pedido su dimisión. Pero UPF y el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, apoyan la decisión de García Ortiz de seguir en el cargo. Por su parte, las asociaciones judiciales también tienen opiniones dispares.
María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha calificado la situación de García Ortiz de «tremenda». Pero no ha querido pronunciarse más al respecto.
Para Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), hoy es un día triste para la Justicia del país. Pues, hay que recordar, que es la primera vez en la historia que un FGE está investigado en un proceso penal.
Presunción de inocencia de García Ortiz
«Con independencia de proclamar la presunción de inocencia que todo investigado tiene en cualquier procedimiento penal, es oportuno y necesario hacer una reflexión sobre lo que supone tener un Fiscal General del Estado investigado en nuestro país», señala a Confilegal.
No obstante, considera que la decisión de dimitir es algo suyo que «le compete solamente a él». Pero «la imagen que se traslada a la ciudadanía con García Ortiz investigado puede ser perjudicial para aquellos que dudan de la independencia e imparcialidad de nuestros fiscales».
Detalla que hay que cumplir con las recomendaciones de las instituciones europeas. Y profundizar en las necesarias reformas procesales que garanticen la independencia e imparcialidad de la Fiscalía General del Estado como única manera de recobrar el prestigio que debe tener la institución.
«En esta tesitura, sin mecanismos legales que garanticen la independencia e imparcialidad de la Fiscalía, no parece oportuno, ni conveniente, atribuirle la instrucción a los fiscales», concluye Oliva.
¿Dimisión?
Por otro lado, Edmundo Rodríguez, portavoz del secretariado de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpDS) ha sido claro: no hay motivo para que dimita. «Es una situación que nunca se había presentado y que no está prevista legalmente, por lo que es una decisión que sólo corresponde al Fiscal General».
Asimismo, Fernando Portillo, presidente de la Comisión Gestora de Foro Judicial Independiente (FJI), ha querido recordar que, «en el plano jurídico-procesal, hay que recordar que el FGE sólo está investigado y que, como tal, goza de la presunción de inocencia”.
Tal y como señala, “la causa podría archivarse o, si se abre juicio, recaer sentencia absolutoria”. Un punto de vista que cambia en el plano institucional. Visión desde la que una situación como la que atraviesa el FGE actualmente conllevaría, en un plano más relacionado con los jueces, a una petición de dimisión por parte de la FJI.
“Si mañana la presidenta del CGPJ fuese imputada por revelar datos reservados que conocía por razón de su cargo, muy posiblemente pediríamos su dimisión, para salvaguardar la imagen de la institución”, destaca.
Del mismo modo, Portillo también ha querido poner en valor la complicada situación de los fiscales. Especialmente, para aquel que deba encargarse del proceso penal que pesa sobre García Ortiz.
“Puede mandar un mensaje de no imparcialidad de la institución que el FGE se tenga que defender en un proceso penal y a la vez el fiscal actuante en dicho proceso, inferior jerárquico del FGE, actúe en el mismo para defensa de la Ley”, ha lamentado.
